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El secretario de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, brindó este jueves una conferencia de prensa para referirse al operativo activado tras una nueva amenaza de bomba ocurrida el miércoles. Según detalló, el llamado al 911 puso en marcha el protocolo de seguridad previsto para este tipo de situaciones, similar a lo ocurrido en el pasado en el Hospital Rawson y en otros hechos registrados el año pasado.
Delgado confirmó que se logró identificar el lugar desde donde se realizó la llamada, el dispositivo utilizado y al titular del mismo. Explicó que ahora se investiga si existe un nexo jurídico entre el autor material y el dueño del celular, y señaló que la Policía actuó con rapidez y eficacia, logrando poner a los implicados a disposición del Ministerio Público Fiscal, específicamente la UFI Genérica y la Justicia de Menores.
Uno de los puntos más relevantes de la declaración fue el anuncio de que se está evaluando difundir públicamente el costo económico que implica cada operativo de este tipo, con el objetivo de concientizar a la sociedad sobre el impacto de las falsas denuncias. Además, el funcionario no descartó la posibilidad de implementar un mecanismo para que los responsables deban resarcir los gastos ocasionados al Estado.
Consultado sobre si podría impulsarse una legislación específica, Delgado sostuvo que una vez cuantificado el costo se analizarán los pasos a seguir, incluyendo la posible presentación de un proyecto en la Cámara de Diputados que permita la recuperación del dinero invertido por parte del Gobierno.
Este hecho vuelve a poner en agenda la necesidad de reforzar las sanciones frente a amenazas falsas, que no solo movilizan recursos humanos y materiales, sino que generan alarma social y afectan el funcionamiento de instituciones clave.
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