En un operativo de alto impacto político y judicial, el juez federal Sebastián Casanello ordenó esta madrugada 15 allanamientos en el marco de una causa por supuestos pedidos de coimas a laboratorios farmacéuticos. La investigación involucra a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y señalado como abogado del presidente Javier Milei.

La causa, impulsada por el fiscal Franco Picardi, ganó relevancia luego de la difusión de audios comprometedores que mencionan directamente a Spagnuolo y a Daniel Garbinelli, actual director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. En las grabaciones también aparecen nombrados Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales asesores presidenciales y pieza clave en el armado político del oficialismo.

Los allanamientos se realizaron en la sede de la ANDIS, en la Droguería Suizo Argentina y en al menos una docena de domicilios particulares, incluyendo tres propiedades de la familia Kovalivker, dueña de la citada firma farmacéutica. Durante los procedimientos, efectivos de fuerzas federales secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y material que podría resultar clave para avanzar en la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron que en el vehículo de un directivo de la droguería se hallaron sobres con dólares, lo que refuerza la hipótesis de retornos ilegales a cambio de la habilitación de compras o contrataciones estatales. Sin embargo, aclararon que no existe aún un pedido de detención, aunque continúa la búsqueda de Spagnuolo, quien no fue encontrado en su domicilio durante los allanamientos.

Cabe recordar que la primera denuncia contra Spagnuolo y la droguería se remonta a un año atrás, aunque la investigación se reactivó con fuerza tras el cambio de gobierno. El expediente se encuentra bajo secreto de sumario, pero todo indica que la Justicia apunta a desentrañar un posible entramado de corrupción en el acceso a medicamentos y servicios de salud.

La situación genera fuerte repercusión política dado que, de confirmarse las acusaciones, el escándalo podría salpicar directamente al círculo más cercano del presidente Javier Milei. Por ahora, el Gobierno no emitió declaraciones oficiales, mientras la Justicia avanza en busca de pruebas y testimonios que podrían marcar un antes y un después en este caso.