El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó el departamento Iglesia para participar de la entrega de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y, en ese marco, se refirió a la relevancia estratégica de la minería para el desarrollo productivo de la provincia y del país.

En rueda de prensa, el mandatario puso en valor los avances logrados en materia normativa y aseguró que “hace 15 años se esperaba esto y no lo lograron anteriores gobiernos nacionales”. En ese sentido, explicó que desde las provincias mineras se impulsaron conversaciones para que la agenda minera llegara al Congreso durante las sesiones extraordinarias. “Como presidente de la Mesa del Cobre avanzamos en eso y es muy bueno”, remarcó.

Orrego recordó que, de acuerdo con la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen a las provincias, aun cuando tributen a la Nación. “Somos las provincias las que estamos haciendo las declaraciones de impacto ambiental. Esto es un paso más, ojalá que en el futuro se convierta en ley porque es bueno para nuestra matriz productiva”, sostuvo.

El gobernador volvió a subrayar el carácter estratégico del cobre y el litio, especialmente en el contexto de la transición energética y la electromovilidad. “El cobre es estratégico y no se puede reemplazar por otro material, y San Juan tiene todo lo que se necesita para estar a la altura de la demanda”, afirmó.

Las declaraciones se dieron en un contexto clave, luego de que el Gobierno nacional enviara al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares, durante el período de sesiones extraordinarias que se extiende hasta el 30 de diciembre. La iniciativa busca ordenar el marco normativo vigente, terminar con interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental acorde a la Constitución.

Según el comunicado oficial, a más de 15 años de su sanción, la normativa vigente “demostró graves falencias interpretativas que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron las competencias provinciales sobre los recursos naturales”.

La reforma propone reglas claras para proteger los glaciares con función hídrica efectiva, fortalecer los estándares ambientales y eliminar la discrecionalidad que, según el Gobierno nacional, obstaculizó el desarrollo económico. Además, reafirma los artículos 41 y 124 de la Constitución, fortalece el rol de las provincias en la evaluación de impacto ambiental y promueve una articulación eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares.

El proyecto fue definido oficialmente como “una verdadera reforma de federalismo ambiental”, en línea con los compromisos asumidos en el marco del Pacto de Mayo.