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El 2026 comenzó en San Juan con una fuerte preocupación entre organizaciones proteccionistas por una serie de hechos de maltrato animal que califican como “atroces”. Así lo afirmó Luciano Castro, integrante de la ONG Mundo Patitas, quien denunció públicamente que en los primeros días del año ya se registraron al menos diez casos de caballos faenados, abandonados o dejados agonizar en descampados por sus propios dueños.
Según detalló Castro, los episodios no responden a un área específica, sino que se repiten en prácticamente todos los departamentos de la provincia, lo que evidencia —según su mirada— una problemática estructural acompañada de la falta de controles y la inexistencia de políticas públicas efectivas para frenar estas prácticas.
El proteccionista apuntó especialmente contra la ausencia de una legislación específica que proteja a los caballos y sancione de manera ejemplar el maltrato. “Seguimos sin una ley que los proteja. Los carreteleros siguen en las calles golpeando con cadenas a los animales”, sostuvo, en referencia al uso de equinos en tareas de tracción a sangre.
Además, remarcó la ausencia de fiscalización por parte de las autoridades competentes, señalando que los casos de explotación, golpes, abandono y faena clandestina se repiten sin consecuencias para los responsables. “Es impresionante cómo no hay control con estos animales que son tan maltratados”, expresó.
Castro también describió las dificultades económicas y operativas que implica rescatar a un caballo. Los costos veterinarios, la rehabilitación y la alimentación requieren un alto esfuerzo económico y humano por parte de las organizaciones y voluntarios. “Rescatar un caballo es algo bastante caro, al igual que darle atención veterinaria. Pero ya lo que estamos viendo es un sadismo”, afirmó, al advertir que los hechos recientes muestran un nivel de crueldad extrema.
La denuncia apunta a visibilizar una problemática que, según Mundo Patitas y otras organizaciones proteccionistas, continúa creciendo ante la falta de controles, sanciones y una ley que contemple de manera integral los derechos y la protección de los equinos.
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