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En un juicio abreviado, la Justicia condenó a los padres de los cuatro hermanitos retirados sin autorización judicial de la casa de su tía en Villa Alba, Santa Lucía. Micaela Aballay Rodríguez y Antonio Ayala González reconocieron haber desobedecido la orden del Juzgado de Familia que les prohibía convivir y acercarse a los menores, por lo que su accionar se tipificó como privación ilegítima de la libertad, pese a tratarse de sus propios hijos.
La audiencia se desarrolló ante la jueza Carolina Parra, con la presentación de la UFI CAVIG a cargo del fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Silvina Zogbe. Tras la exposición de ambas partes y la valoración de los elementos de prueba, la magistrada dictó sentencia: ambos recibieron 2 años de prisión condicional, sin cumplimiento efectivo, además de la prohibición de acercarse a los niños a menos de 300 metros. También deberán someterse a tratamientos por adicción a las drogas y asistencia psicológica.
La imputación incluyó los delitos de Privación ilegítima de la libertad, Desobediencia de orden judicial y Violación de domicilio. En el caso de Ayala González, la condena fue más amplia debido a que también fue hallado culpable de Amenazas agravadas por el uso de arma blanca contra la tía de los menores. A su pareja, Rodríguez, se le sumó una acusación por Amenazas simples.
El episodio tuvo lugar el pasado jueves, cuando la pareja retiró por la fuerza a los cuatro niños —de 8, 5 y dos mellizos de 4 años— de la vivienda de su abuela, quien junto a una tía tenía la guarda legal por disposición del Tercer Juzgado de Familia. Ante la gravedad del hecho, se activó el protocolo “San Juan te Busca”, solicitando colaboración a la comunidad para localizarlos. Los menores fueron hallados ese mismo día por la Policía de San Juan, en buen estado de salud.
El fiscal de UFI Genérica, José Plaza, detalló que la retirada se produjo “de manera violenta”, según consta en la denuncia policial. Señaló que los padres actuaron “intempestivamente, con agresiones y amenazas”, elementos que fueron considerados durante la audiencia de juicio abreviado celebrada este miércoles.
La condena busca fortalecer la protección de los menores y resguardar su seguridad frente a nuevos episodios de violencia o desobediencia judicial, mientras continúan bajo resguardo de su familia ampliada.
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