El Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) aprobó por unanimidad la declaración de emergencia salarial y presupuestaria, en una sesión extraordinaria realizada este jueves 26 de febrero. La institución también manifestó su adhesión al comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que exige al Gobierno nacional la inmediata implementación de la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

La resolución surge en un contexto de creciente preocupación dentro del sistema universitario público argentino, marcado por la falta de cumplimiento de una ley aprobada hace cuatro meses por el Congreso y que aún no ha sido aplicada por el Poder Ejecutivo. Durante la apertura de la sesión, el rector Tadeo Berenguer expuso un análisis detallado sobre la situación crítica de la UNSJ y del sector en su conjunto, destacando la importancia de un posicionamiento institucional claro.

En la reunión también participaron representantes de los gremios SIDUNSJ, ADICUS, UDA y APUNSJ, además de la Federación Universitaria, quienes coincidieron en la necesidad de elevar una señal contundente ante el escenario actual. Las entidades remarcaron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y la urgencia de una convocatoria a paritarias que permita discutir una recomposición acorde al impacto inflacionario.

Berenguer destacó que la declaración es fruto de un proceso amplio de debate dentro del Consejo:
“Después de un largo intercambio de ideas, el Consejo Superior acordó este comunicado, donde la UNSJ se adhiere a lo expresado por el CIN y exige al Gobierno nacional que aplique la Ley 27.795, aprobada en octubre del año pasado y que aún sigue sin implementarse. Esta norma establece una recomposición salarial para docentes y nodocentes y es indispensable para garantizar la continuidad del servicio universitario público”.

El comunicado del CIN —al cual se adhirió la UNSJ— recordaba que la ley también prevé la actualización de gastos de funcionamiento, el sostenimiento del sistema científico y tecnológico, y la actualización de los montos destinados a becas estudiantiles. Además, advertía que la falta de aplicación compromete el desarrollo académico, la investigación y las políticas de bienestar estudiantil.

Finalmente, el Consejo Superior subrayó que el cumplimiento de la ley no es solo un reclamo presupuestario, sino una condición necesaria para asegurar el funcionamiento estructural del sistema universitario público nacional y el desarrollo estratégico del país.