San Juan reforzó su integración al sistema federal de seguridad mediante la adhesión a protocolos nacionales y convenios de cooperación técnica orientados a optimizar la lucha contra el narcotráfico, la trata de personas y el tránsito aéreo irregular.

En el marco del Consejo de Seguridad Interior, el secretario de Estado de Seguridad de San Juan, Enrique Delgado, y la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, firmaron nuevos acuerdos que fortalecen la articulación operativa entre jurisdicciones. Según informaron, el objetivo es dotar a las fuerzas provinciales de herramientas actualizadas para intervenir en delitos complejos que requieren acción coordinada y capacidades especializadas.

Uno de los convenios incorpora a la provincia a la Red Federal de Laboratorios Antidrogas y al Sistema de Alerta Temprana de nuevas sustancias psicoactivas, lo que permitirá agilizar el intercambio de información técnica, estudios periciales y asistencia en investigaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes.

En paralelo, San Juan avanzó en la implementación de mecanismos de vigilancia y respuesta ante el Tránsito Aéreo Irregular (TAI). Para ello, se estableció una línea de comunicación directa las 24 horas y la designación de enlaces operativos que trabajarán junto a Nación en la detección de vuelos sospechosos, una herramienta clave para prevenir actividades ilícitas que se valen del espacio aéreo.

En materia de delitos contra la integridad de las personas, la provincia adhirió oficialmente a la Guía sobre Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata, un protocolo que brinda lineamientos técnicos y buenas prácticas para mejorar la actuación provincial ante denuncias y situaciones que puedan derivar en explotación o captación de víctimas.

Las autoridades destacaron que la firma de estos convenios no implica gastos adicionales, ya que se apoyan en la optimización de los recursos existentes y en la capacitación continua del personal. Subrayaron además que la cooperación federal permitirá fortalecer la prevención, agilizar las investigaciones y modernizar los sistemas de control en un contexto donde el delito complejo demanda respuestas integrales y coordinadas.