La Justicia provincial de La Rioja dispuso la suspensión por 30 días de todas las actividades vinculadas al proyecto minero Vicuña S.A., tras hacer lugar a una medida autosatisfactiva presentada por el Gobierno riojano. La decisión se tomó luego de que la empresa no presentara el estudio de impacto ambiental (EIA) requerido para operar en territorio riojano.

La jueza María Greta Decker ordenó, además, el cierre del camino utilizado por la empresa para su logística, el cual atraviesa La Rioja a pesar de que el yacimiento se ubica en la provincia de San Juan. Desde la madrugada del jueves, personal policial controla el acceso para evitar la circulación hacia la zona del proyecto.

La medida fue confirmada por el secretario de Ambiente de La Rioja, Santiago Azulay, quien señaló que la suspensión responde a la falta de cumplimiento de la empresa respecto a la normativa ambiental vigente. Según indicó, la empresa presentó únicamente un informe parcial sobre el tramo del camino dentro de La Rioja, el cual fue considerado insuficiente.

El proyecto Vicuña surge de la integración del emprendimiento Josemaria con Filo del Sol, y está considerado una de las inversiones mineras más grandes del país, estimada en 16.000 millones de dólares. Azulay subrayó que, por su envergadura y por estar ubicado a menos de un kilómetro del límite provincial, los efectos ambientales podrían impactar directamente sobre localidades como Guandacol, Villa Unión, Jagüé, Zapata y Las Cuevas.

Entre las principales preocupaciones se destacan el tránsito pesado, la generación de polvo, el ruido y el impacto sobre zonas protegidas. El funcionario también cuestionó que la empresa utilice más de 140 kilómetros de caminos riojanos —incluyendo una reserva provincial— sin que existan beneficios concretos para la población local.

La resolución judicial establece que la empresa deberá presentar el EIA completo en el plazo de 30 días. Si cumple con la exigencia, la suspensión se levantará automáticamente y se iniciará la evaluación técnica correspondiente. De lo contrario, el conflicto podría escalar a niveles judiciales superiores, incluso a la Corte Suprema.

Azulay destacó que la medida se adoptó bajo el principio preventivo, con el fin de evitar daños ambientales antes de que ocurran. “Estamos hablando de un daño potencial. La Justicia actuó para resguardar el derecho a un ambiente sano de todos los riojanos”, afirmó.