José Luis Fernández y Valeria Ríos presentaron un duro descargo ante el presidente del cuerpo, Lucas Gómez. Aseguran que la sanción, aplicada cuatro meses después de que se retiraran de una sesión especial en pleno receso, es ilegítima, viola el mandato popular y excede las facultades de la presidencia.

El escenario político del departamento Sarmiento sumó un capítulo de extrema tensión institucional. Los concejales José Luis Fernández y Valeria Roxana Lourdes Ríos patearon el tablero institucional al presentar una impugnación formal ante el Honorable Concejo Deliberante (HCD) local, calificando la suspensión aplicada en su contra como «arbitraria, ilegítima y violatoria de las garantías constitucionales». El escrito, que ingresó formalmente por mesa de entradas, fue dirigido de manera directa al presidente del cuerpo deliberativo, Lucas Alberto Gómez.

El conflicto que hoy fractura al cuerpo legislativo municipal se remonta al pasado 2 de febrero de 2026, en pleno receso parlamentario, cuando la presidencia convocó a una «sesión especial». En aquella oportunidad, Fernández y Ríos tomaron la determinación política de retirarse del recinto, una acción que desencadenó el proceso sancionatorio que hoy impugnan. Según la defensa de los ediles, la suspensión que les aplicaron cuatro meses después de aquel episodio no es más que un ataque directo al mandato popular que les otorgó la ciudadanía.

«Asistir a una reunión convocada de manera ilegal habría significado violar el principio de legalidad. Nuestra salida del recinto no fue un acto de desobediencia, sino una postura firme para no convalidar actos nulos y resguardar la institucionalidad del cuerpo», argumentaron los ediles en el escrito presentado.

Los tres ejes del reclamo y la advertencia penal

En el documento de impugnación, los concejales suspendidos estructuraron su estrategia defensiva sobre tres argumentos legales de peso:

• Falta de competencia del presidente: Fernández y Ríos sostienen que Lucas Gómez no posee las facultades legales para sancionar a legisladores electos. Señalan que el Artículo 40, Inciso 7 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 430-P) limita las potestades disciplinarias de la presidencia exclusivamente al personal empleado de la institución, mas no a los concejales con mandato popular. Afirman que Gómez se atribuyó de manera «unilateral» funciones judiciales que no le corresponden.

• Arbitrariedad temporal: Cuestionan con dureza el letargo administrativo del cuerpo, remarcando que la sanción llegó tras un «extenso e injustificado período de cuatro meses» sin movimientos en el expediente. Los ediles consideran que esta demora fulmina la seguridad jurídica, vulnera el derecho de defensa y vuelve a la medida «extralimitada y desproporcionada».

• El retiro como herramienta legítima: Defienden que abandonar el recinto constituye una «herramienta parlamentaria universalmente reconocida» para manifestar disenso político, aclarando que su salida no impidió la conformación del quórum legal necesario.

El conflicto normativo de fondo radica en que, si bien la presidencia invocó el artículo 86 del Reglamento Interno para justificar el llamado a sesión en febrero, omitió los lineamientos de la Ley de Municipalidades, la cual fija de forma taxativa la casuística legal por la cual se puede interrumpir el receso. El documento concluye con la exigencia formal de que se revoque y deje sin efecto la suspensión. De sostenerse la medida, Fernández y Ríos hicieron reserva de derecho para acudir a la Justicia Ordinaria y a la vía Contencioso-Administrativa, advirtiendo que impulsarán denuncias penales y civiles por daños y perjuicios, injurias y violación de derechos constitucionales.