La Subsecretaría de Control y Gestión de la Seguridad Pública inició un sumario administrativo tras la denuncia realizada por la familia de un joven de 20 años, quien sostuvo haber sido agredido físicamente tras ser trasladado a la Comisaría 31°, en el departamento 9 de Julio. El subsecretario del área, Damián Villavicencio, confirmó que ya disponen de un informe preliminar sobre el procedimiento y que se activaron los protocolos correspondientes para esclarecer los hechos en el ámbito interno.

Según trascendió del examen médico legista posterior a la detención, el joven presenta lesiones visibles en el cuerpo. No obstante, las autoridades precisaron que el punto neurálgico de la investigación será determinar en qué circunstancias exactas se produjeron dichas heridas. Para ello, el organismo de control solicitará la nómina del personal actuante, registros de cámaras del CISEM, testimonios de testigos y los informes médicos detallados.

De comprobarse indicios firmes de falta grave, la Subsecretaría prevé la suspensión preventiva de los policías involucrados mientras dure el trámite disciplinario. Desde el organismo aclararon que el abanico de medidas administrativas puede abarcar desde suspensiones temporales hasta la cesantía o exoneración de la fuerza, aunque también recordaron que muchas actuaciones concluyen sin responsabilidad administrativa si se demuestra que el accionar policial se ajustó a derecho.

A la par del expediente interno de la fuerza de seguridad, la causa ya tomó estado judicial. La familia del damnificado radicó la denuncia formal ante la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales, ámbito donde se recolectarán las pruebas biológicas y fílmicas para determinar si existió la comisión de un delito penal por parte de los uniformados.