Comenzó este miércoles 14 de octubre la esperada audiencia de formalización de la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en la construcción de la emblemática obra del Acueducto Gran Tulum. La instancia, calificada como histórica por los impulsores de la denuncia, se lleva a cabo bajo la presidencia de la jueza de Garantías, Mónica Lucero, y tiene como objetivo central dar a conocer los delitos atribuidos por la Fiscalía a las 11 personas vinculadas al expediente.

El proceso judicial se originó en diciembre de 2025 a partir de una presentación realizada por el abogado Marcelo Arancibia. La investigación apunta a determinar si existieron irregularidades graves en las contrataciones, en los precios de los materiales y en la calidad de las cañerías utilizadas, evaluando la existencia de un perjuicio económico al patrimonio del Estado provincial.

Los 11 imputados y el rol de las partes

La audiencia contó con la presencia de la mayoría de los notificados, habilitándose también la participación por videoconferencia para aquellos que no pudieron asistir presencialmente. La lista de imputados incluye a figuras de peso político y empresarial de la provincia:

• Sergio Uñac, exgobernador y actual senador nacional.

• Cristian Andino, diputado nacional.

• Julio Ortiz Andino, exministro de Infraestructura.

• Sergio Ruiz, Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós, expresidentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE).

• Gustavo Mastelono, vinculado a Krah América Latina.

• Humberto Caballero, juez laboral.

• Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.

Durante las exposiciones, el Ministerio Público Fiscal debe precisar los hechos investigados, calificar legalmente los presuntos delitos y detallar la participación concreta que se le endilga a cada uno de los involucrados. Cabe destacar que la formalización no constituye una declaración de culpabilidad, sino el paso procesal necesario para comunicar formalmente los cargos y habilitar una investigación penal preparatoria formal.

Plazos y posibles medidas coercitivas

Tras casi 11 meses de investigación preliminar, los fiscales tienen la facultad de solicitar un plazo de hasta un año para continuar con las medidas de prueba, con posibilidad de una prórroga por otro período igual. Asimismo, la Fiscalía y la Fiscalía de Estado —que interviene en calidad de parte querellante— pueden requerir medidas cautelares o coercitivas para los imputados, tales como presentaciones periódicas ante la comisaría, prohibición de salir de la provincia o del país, embargos preventivos sobre bienes o detención provisoria.

Será la jueza Mónica Lucero quien deba evaluar y resolver los planteos presentados por las partes, marcando el pulso de una causa que promete continuar generando fuertes repercusiones en el escenario político y judicial sanjuanino.