La Justicia provincial dictó la suspensión del proceso a prueba en una causa penal iniciada contra Carina Alejandra Vergara, quien fue denunciada por ejercer ilegítimamente actos propios de la profesión de Psicología en el área de Psicología Social, sin poseer título universitario habilitante ni la matrícula obligatoria otorgada por el Colegio de Psicólogos de San Juan.

La investigación judicial comenzó el 13 de noviembre de 2025 tras la denuncia formal presentada por la Lic. Melisa Rodríguez, por entonces presidenta del Colegio de Psicólogos de la provincia. Según la presentación, la imputada promocionaba activamente sus servicios profesionales a través de redes sociales con publicaciones y videos enfocados en temáticas sensibles de salud mental, tales como ansiedad, depresión y una supuesta metodología de «programación del cerebro» para curar patologías psiquiátricas.

Por la localización del domicilio de la involucrada, el expediente fue tramitado por la Unidad Fiscal del Norte (Segunda Circunscripción Judicial). Durante la instrucción se constató que Vergara solo había realizado un curso de Psicología Social en una fundación privada de la provincia de Córdoba, la cual le había emitido un certificado y una matrícula de uso estrictamente interno, careciendo por completo de validez legal para el ejercicio profesional en San Juan.

El acuerdo y las pautas de la probation Este 2 de noviembre de 2026, en audiencia judicial, las partes arribaron a un acuerdo de suspensión del proceso a prueba por el plazo de un año, fijando las siguientes pautas de conducta para la imputada:

1. Reparación económica simbólica: Deberá abonar la suma total de $100.000 en dos cuotas consecutivas de $50.000. El dinero será destinado a la institución de bien público que designe la Oficina Judicial Multifuero.

2. Tareas comunitarias: Deberá cumplir un total de 40 horas de trabajo no remunerado a beneficio de la comunidad, a desarrollarse en un lapso de tres meses.

En caso de incumplir con algunas de las reglas impuestas durante el año de suspensión, la fiscalía podrá solicitar la revocación del beneficio y la reapertura inmediata del juicio en su contra.