Este lunes, personal policial junto a la UFI Delitos y Estafas llevó adelante un allanamiento en dependencias del Ministerio de Infraestructura, en el marco de una investigación vinculada a obras públicas ejecutadas entre 2019 y 2023 durante la gestión anterior. La medida judicial se originó a partir de una denuncia interna realizada por una empresa privada que intervino en distintos trabajos estatales y que actualmente no presta servicios para el organismo.

Según explicó el subsecretario de Servicios Públicos, Nicolás Álvarez, el procedimiento responde a un conflicto entre particulares de la propia empresa contratista, donde se investiga una presunta falsificación de firmas en 11 expedientes de obra.

“La Justicia solicita la documentación que avale o certifique lo denunciado. Se trata de una situación surgida por diferencias internas entre las partes de la empresa. No es una denuncia dirigida al Ministerio ni sobre irregularidades en la ejecución de las obras”, aclaró Álvarez.

Los expedientes originales, correspondientes a trabajos realizados desde principios de 2019 hasta junio de 2023, estaban resguardados en el depósito de Obras Menores y fueron puestos a disposición de la Justicia para que puedan ser analizados, certificados y contrastados con la documentación presentada por los denunciantes.

Desde Infraestructura remarcaron que la empresa investigada no mantiene vínculos actuales con el Ministerio y que su última intervención se registró en 2022. Hasta ese año, ejecutó trabajos de mantenimiento, acondicionamiento y puesta en funcionamiento de escuelas, especialmente durante los meses de verano.

La causa permanece en una etapa inicial y toda la documentación secuestrada quedó bajo análisis judicial. Desde el Ministerio señalaron que continuarán colaborando para garantizar “la máxima transparencia en el proceso”.