A partir del 1 de enero de 2025, los senadores de la Nación recibirán un aumento en sus dietas que alcanzará los $9,5 millones mensuales, según lo estipulado por la ley de «enganche», vigente desde el gobierno de Cristina Kirchner y formalizada en abril de 2024. Este incremento responde al vencimiento del congelamiento de salarios vigentes, el cual finalizará el próximo 31 de diciembre.

El aumento ha desatado controversia, particularmente después de que la vicepresidenta Victoria Villarruel abordó el tema en una reciente conferencia de prensa, instalando a los legisladores a «estar a la altura de las circunstancias». Villarruel sugirió que las dietas deben mantenerse congeladas, especialmente considerando que los sueldos de los senadores son sustancialmente más altos que los de los diputados. Sin embargo, el Senado no tiene previsto debatir el tema hasta el inicio del próximo período legislativo, en marzo.

En este contexto, la posibilidad de que la vicepresidenta prorrogue el congelamiento por resolución ha sido planteada, pero no existe consenso al respecto. Mientras tanto, algunos senadores apoyan una actualización salarial moderada que refleja parcialmente la inflación, la cual actualmente supera el 166% anual.

La dieta senatorial ya experimentó un incremento del 400% en abril de 2024, pasando de $1,9 millones a $7,8 millones brutos. Con este nuevo ajuste, se espera que el salario bruto alcance los $9,5 millones en enero, quedando alrededor de $8 millones netos tras descuentos y sumando conceptos como gastos de representación y desarraigo.

Este ajuste contrasta con la situación de los diputados, cuyas dietas, no regidas por la ley de enganche, ascienden a $3,5 millones, más $625 mil en concepto de desarraigo. La disparidad entre las remuneraciones de ambas cámaras también ha generado debate dentro del Congreso.

El incremento proyectado para los senadores ocurre en un contexto de marcada crisis económica y cuestionamientos sociales frente a la evidente brecha entre los salarios del Congreso y el ingreso promedio de los ciudadanos argentinos. Este tema no solo expone las dificultades internas del Legislativo, sino que también añade presión a la relación entre el Congreso y el Ejecutivo en materia de ajustes y políticas salariales.