La Justicia de San Juan dio inicio a la audiencia clave para definir si el intendente de Angaco, José Castro, será finalmente llevado a juicio oral en una causa en la que se lo acusa de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación judicial se originó a partir de una denuncia presentada por concejales del departamento, vinculada a un hecho ocurrido en 2019. Según la acusación, durante ese período se habrían utilizado maquinaria y personal municipal para realizar trabajos en un predio privado ubicado en el departamento Chimbas, lo que habría implicado el uso indebido de recursos pertenecientes al municipio de Angaco.

La investigación judicial

Tras la denuncia inicial, la Justicia avanzó con una investigación que terminó con el procesamiento del jefe comunal, al considerar que existían elementos suficientes para analizar su responsabilidad en los delitos que se le atribuyen.

De acuerdo con lo expuesto por los denunciantes, recursos municipales habrían sido utilizados para realizar tareas fuera del ámbito de la administración pública, lo que derivó en la imputación por tres figuras penales vinculadas al ejercicio de la función pública.

El intento de acuerdo y la polémica

En los meses previos al inicio del juicio, la defensa de Castro impulsó distintos planteos judiciales con el objetivo de evitar que la causa llegara a debate oral.

Entre esas estrategias se incluyó un convenio aprobado por el Concejo Deliberante de Angaco, mediante el cual el intendente ofrecía pagar una suma de 5 millones de pesos como reparación económica por el presunto perjuicio ocasionado al municipio.

Si bien el acuerdo fue aprobado por algunos concejales, la propuesta generó cuestionamientos dentro del proceso judicial. Desde el Ministerio Público Fiscal se planteó que un convenio de esas características no puede dejar sin efecto una causa penal cuando se investigan presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones.

Nueva denuncia en la causa

A raíz de ese planteo, además, se presentó una nueva denuncia para que la Justicia investigue si la firma y aprobación del convenio podría constituir negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tanto por parte del intendente como de los concejales que votaron a favor.

Ante esta situación, la defensa solicitó nuevamente la suspensión del proceso judicial hasta que se resolviera esa nueva investigación. Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido y resolvió continuar con el proceso, habilitando así el avance de la causa.

Definición judicial

Durante el desarrollo de la audiencia, el tribunal deberá analizar la prueba reunida durante la investigación y escuchar los argumentos de las partes, con el objetivo de determinar si corresponde elevar la causa a juicio oral o dictar otra resolución.

Las acusaciones que enfrenta el intendente contemplan penas que van de dos a seis años de prisión, además de la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos en caso de una eventual condena.

El proceso judicial será determinante para definir la situación del jefe comunal y el futuro de la causa iniciada por el presunto uso indebido de recursos municipales.