
El Presidente advirtió que la Argentina no se quedará de brazos cruzados ante el avance de la explotación de hidrocarburos no autorizada en el Atlántico Sur. Anunció un decreto para inhabilitar empresas, un DNU para construir una base naval integrada en Tierra del Fuego y un llamado a la unidad de todo el arco político.
En un mensaje emitido por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó una batería de medidas diplomáticas, legales y económicas destinadas a frenar el avance del proyecto petrolero offshore «Sea Lion» en la cuenca norte de las Islas Malvinas. El desarrollo, impulsado de manera unilateral por las operadoras Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí), contempla una inversión multimillonaria para la extracción de petróleo a partir de 2028 en aguas bajo disputa de soberanía.
Durante su alocución, el Jefe de Estado calificó la iniciativa petrolera de ilegal y advirtió sobre un «peligro claro y urgente» para los intereses nacionales. En esa línea, confirmó la firma de un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios de la Ley 26.659 contra firmas, directivos, accionistas y proveedores que participen sin autorización argentina en la exploración o explotación de recursos naturales en la zona.
“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano. No se pueden hacer las dos cosas”, remarcó el mandatario, quien detalló que Cancillería ya giró cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a 29 países vinculados con el proyecto.
Entre los anuncios de impacto, Milei confirmó el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) destinado a ampliar los fondos del Ministerio de Defensa. Estos recursos tendrán como objetivo prioritario el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego que funcione como polo logístico estratégico hacia la Antártida y el Atlántico Sur.
Asimismo, el Presidente anticipó que enviará al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa propone endurecer las penas contra empresas infractoras e inhabilitarlas para contratar con el sector público o privado en territorio nacional, al tiempo que creará un Consejo de Seguridad Nacional para coordinar áreas de Inteligencia, Defensa, Economía y Cancillería.
En el tramo final, Milei convocó a los distintos espacios políticos a unificar posturas: “Podemos discutir sobre cualquier otra cosa, pero este tema demanda una pausa y mostrar un frente unido ante el mundo, porque Malvinas es el futuro”.
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