Más de 340 sanjuaninos afectados por la presunta estafa vinculada a la empresa Branka Motors fueron convocados por la Fiscalía para conocer una cuarta propuesta de acuerdo económico presentada por los imputados en la causa.

La reunión se desarrolló en el ámbito del sistema de Unidad Fiscal de Flagrancia, donde los damnificados recibieron detalles de la oferta que busca cerrar el conflicto judicial mediante la devolución del dinero pagado por motos 0 km que nunca fueron entregadas.

A diferencia de las tres propuestas anteriores, esta vez el fiscal Guillermo Heredia no rechazó la iniciativa y decidió ponerla a consideración de las víctimas para que cada una evalúe si acepta o no el acuerdo.

Cómo es la propuesta

Según se informó durante el encuentro, los imputados se comprometieron a reintegrar el dinero en un plazo de 120 días, con un primer pago a realizarse dentro de los 15 días posteriores a la eventual aceptación del acuerdo.

Los acusados en la causa son los hermanos Alexis Sebastián Marcó y Jonathan Ezequiel Marcó, junto a Facundo Banega, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

Como parte del compromiso, ofrecieron garantías mediante propiedades de familiares, con el objetivo de asegurar la devolución total del dinero recibido.

Una decisión clave para las víctimas

Desde la Justicia solicitaron a los damnificados evitar declaraciones públicas por el momento, para que cada uno pueda analizar la propuesta sin presiones externas.

La aceptación o rechazo del acuerdo se manifiesta en la misma reunión mediante una firma formal.

Posteriormente, la jueza de Garantías Carolina Parra deberá homologar o no el acuerdo en una audiencia judicial, que podría realizarse durante esta misma semana.

Qué puede pasar con la causa

La decisión de los damnificados será determinante para el futuro del expediente.

Si la mayoría acepta, los imputados serán sobreseídos y la causa penal quedará cerrada.

Si la mayoría rechaza, el proceso penal continuará y se abrirá una Investigación Penal Preparatoria que podría extenderse hasta un año, antes de llegar a un eventual juicio.

En caso de que algunos damnificados decidan no aceptar el acuerdo económico, podrán iniciar acciones por la vía civil para reclamar la devolución del dinero.

Para muchos afectados, la posibilidad de recuperar el dinero aparece como una alternativa concreta frente a un proceso judicial que podría prolongarse durante varios años.