La investigación por el homicidio de Gonzalo Quinteros Olmos, el joven de 19 años asesinado en la Villa 1° de Mayo, en el departamento Chimbas, experimentó un vuelco determinante en las últimas horas. Tras las primeras intervenciones y los análisis forenses practicados al cuerpo de la víctima, las autoridades judiciales reformularon la hipótesis inicial del hecho.

En los primeros minutos posteriores al hallazgo, los testimonios preliminares orientaban la causa hacia la irrupción de tres hombres armados que habrían ingresado a la vivienda para atacar al muchacho. Sin embargo, los resultados de la autopsia marcaron un contrapunto crucial: la trayectoria del proyectil —ingresó por el maxilar izquierdo y salió por el lateral derecho del cuello— reveló una mecánica que no se corresponde con la versión de un ataque perpetrado desde el exterior por terceras personas.

A raíz de esta inconsistencia técnica, los investigadores volcaron las actuaciones hacia quienes se encontraban dentro de la propiedad al momento del suceso. En ese entorno se ubicaba la novia de Quinteros Olmos, una adolescente de 16 años, quien quedó bajo el foco de la sospecha judicial. Fuentes del caso indicaron que se realizan peritajes complementarios para esclarecer si el disparo se produjo de manera intencional o si se trató de un hecho accidental.

Un elemento que sumó particularidad al expediente fue la actividad de la menor en redes sociales. Durante las primeras horas de la mañana, antes de que trascendiera su vinculación formal con el expediente, la adolescente difundió dos historias en su perfil personal acompañadas por fotografías junto a la víctima. «Mi amor, mi Gonzalito, loco. Nooooo por qué vos, mi amor», redactó en una de las publicaciones, sumando en otra: «Ay mi amor, cómo me duele todo esto. Loco, vení, volvé conmigo, por favor, mi amor, no me dejes solita».

Dado que la principal sospechosa es menor de edad, las actuaciones cambiaron de fuero y quedaron radicadas en el Fuero Penal de Niñez, Adolescencia y Familia, bajo la órbita del juez Jorge Toro, quien ordenó las diligencias correspondientes para delimitar las responsabilidades penales del caso.

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