La diputada provincial desglosó el proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura. Aclaró que la norma va mucho más allá de un «compre local» y apunta a un esquema integral con metas del 80% de empleo sanjuanino, auditorías anuales y un fuerte incentivo fiscal.

El Poder Ejecutivo provincial dio un paso histórico al remitir a la Cámara de Diputados el proyecto de la Ley de Desarrollo Local Minero. Lejos de ser una simple reglamentación de contratación, la propuesta busca coordinar el inminente «segundo boom minero» bajo el paraguas del RIGI, con metas estrictas, medibles y auditables.

Para profundizar en los alcances de esta iniciativa que promete cambiar la matriz socioeconómica de la provincia, dialogamos con la diputada María Rita Lascano, quien brindó precisiones clave sobre el debate que se viene en el recinto.

— Diputada, ingresó formalmente el proyecto que popularmente se conoce como «ley de proveedores mineros». ¿En qué consiste exactamente la iniciativa? — En realidad, el proyecto es mucho más amplio que lo estrictamente vinculado a proveedores. Tiene una mirada integral que apunta a todo lo que tiene que ver con el desarrollo que arroja la actividad minera. No solo miramos la actividad productiva, sino el impacto social, ambiental y económico. Por eso el título oficial es «Proyecto para el Desarrollo Minero Local». Llega en un momento muy necesario para acompañar este boom que está viviendo San Juan y, sobre todo, para darle más oportunidades reales a los sanjuaninos para acceder a fuentes de trabajo.

— ¿El texto establece pisos o porcentajes mínimos para la contratación de mano de obra y de proveedores de la provincia? — Sí, así es. Se fijan metas claras y quienes las cumplan obtendrán importantes beneficios. Entre esos objetivos, se establece que el 80% de los trabajadores de cada operación minera deben ser sanjuaninos, otorgando prioridad absoluta a los habitantes de los departamentos donde se radica el yacimiento, como Calingasta, Iglesia o Jáchal. Por el otro lado, se fija una meta del 60% de compras a empresas sanjuaninas. Allí está la gran oportunidad para que nuestros proveedores locales puedan brindar servicios y bienes a corporaciones que, en su gran mayoría, son internacionales.

— Frente a estos números, ¿cómo se garantizará el control y qué incentivos tienen las multinacionales para cumplir? — El proyecto contempla la creación del RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan). Quienes alcancen los objetivos anuales obtendrán un bono de crédito fiscal para impuestos provinciales, lo que representa un incentivo económico muy grande. Pero también habrá sanciones para quienes se acojan al beneficio y no cumplan. Para supervisar todo esto, la ley propone crear un Consejo Consultivo integrado por los ministerios de Minería y de Producción, junto a las cámaras y dirigentes del sector empresarial minero. Habrá un control anual estricto.

— ¿Esta normativa afectará a los proyectos que ya están operando o corre para las nuevas inversiones? — Las leyes no tienen efecto retroactivo, no miran hacia atrás. Pero si pensamos en la licencia social, queremos que de acá en adelante todo lo que venga de la mano de la construcción de las grandes empresas que ya tienen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y proyectos RIGI aprobados —que son cinco en la provincia, como Los Azules y Vicuña— vaya bajo esta normativa. Ya ha habido mucho diálogo previo y el Ministro de Minería les anticipó la llegada de esta ley.

— Mencionó la «licencia social». ¿Es una respuesta a viejos reclamos de las comunidades cordilleranas? — Totalmente. A 23 años del primer boom minero en San Juan, si vas hoy a un departamento cordillerano, la gente todavía te pregunta: «¿Qué nos dejó la minería?». Queremos evitar esa pregunta. Para que el mineral se traduzca en desarrollo, los planes de empleo y compra local deben ir de la mano con los planes estratégicos de los municipios y las obras de los fideicomisos. Buscamos unir esas patas que hoy están sueltas. Queremos que en 20 o 30 años, cuando la actividad decaiga, podamos decir con orgullo todo lo que dejó: trabajo, obras y crecimiento.

— ¿Qué plazos manejan para su tratamiento en el recinto? — Hay muchas expectativas y estimamos que probablemente en julio ya podría estar aprobada. Inmediatamente después de su publicación en el Boletín Oficial entrará en vigencia. Queremos ponernos a trabajar rápido con las cámaras y las empresas concesionarias para ordenar todo lo que se va a generar, porque este orden es vital para el crecimiento de San Juan.