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El empresario y referente opositor habló públicamente luego de ser formalizado por la Justicia por presuntas lesiones leves y tenencia ilegal de un arma de fuego. Negó de forma categórica el delito de portación indebida, argumentando que posee categoría de legítimo usuario nacional, y denunció que el Ministerio Público Fiscal y la UFI CAVIG orquestaron un «golpe bajo» utilizando un doloroso conflicto familiar.
Pocas horas después de haber elegido la vía del silencio constitucional en los tribunales de Garantías, el escenario mediático e institucional de San Juan volvió a registrar una fuerte sacudida. El empresario textil y conocido dirigente político, Sergio Vallejos, rompió el silencio de manera contundente y ofreció su versión de los hechos tras haber sido imputado formalmente por los presuntos delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y tenencia ilegítima de un arma de fuego. Lejos de esquivar los micrófonos, el excandidato a gobernador cargó con dureza contra el aparato estatal, denunciando una presunta persecución política detrás del accionar judicial.
Vallejos reconoció que la causa se inició a raíz de una disputa de índole estrictamente familiar, calificando el episodio como un proceso «muy personal y muy doloroso» para su círculo íntimo. No obstante, centró sus principales dardos en la actuación de los representantes del Ministerio Público Fiscal y los equipos del Centro de Abordaje Integral de Violencia de Género (CAVIG), asegurando que las dependencias oficiales «no dudaron en agrandar» los pormenores del caso con el único objetivo de generar daño a su figura pública. «El fiscal no tiene absolutamente nada», disparó con firmeza el empresario.
Respecto al secuestro del arma de fuego sin documentación actualizada —el elemento que aceleró la imputación en concurso real durante la audiencia de formalización—, Vallejos ensayó una detallada defensa técnica y administrativa, atribuyendo la irregularidad a un mero bache burocrático y no a una conducta tipificada en el Código Penal.
«Esto es exactamente igual a cuando tenés tu carnet de conducir: te habilita a manejar cualquier auto, no solo el tuyo. Con las armas pasa lo mismo. El fiscal demuestra un desconocimiento total de que yo soy un legítimo usuario a nivel nacional», argumentó Vallejos frente a la prensa.
Fuerte defensa institucional: «Fui instructor de la Escuela de Policía»
De acuerdo con las declaraciones del imputado, la pieza de armamento bajo la lupa judicial fue adquirida legítimamente cuando él tenía apenas 21 años. El dirigente explicó que, por demoras de carácter netamente administrativo, el dispositivo no alcanzó a quedar registrado de manera óptima dentro de los nuevos sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). «Tengo el arma, fui y la reempadroné, pero nunca se terminó el trámite en el sistema. Es como cuando iniciás la transferencia de un vehículo y te falta un paso técnico; no constituye un delito de gravedad criminal», comparó.
Para desactivar cualquier sospecha sobre su perfil civil y criminal, el empresario sanjuanino reveló que actualmente es poseedor legal y usuario registrado de un total de cinco armas de fuego debidamente autorizadas por el organismo federal competente. En ese sentido, fundamentó la tenencia de este arsenal por motivos de estricta protección personal y comunitaria para su vivienda.
«Soy un padre de familia. Durante la audiencia se leyó mi prontuario completo en la sala y quedó demostrado que no tengo una sola condena previa, antecedentes penales ni pedidos de captura vigentes», sentenció Vallejos. Asimismo, sacó a relucir su pasado en las fuerzas de seguridad provinciales para respaldar su idoneidad en la materia: «He sido instructor de tiro en la Escuela de Policía de San Juan durante muchos años y entiendo perfectamente la inmensa responsabilidad que implica resguardar un arma en el hogar. Lamento profundamente que utilicen el aparato del Estado para ensuciar mi apellido y dañar a mis hijos», concluyó.
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