La demanda judicial presentada por Martín Dominici, exasistente personal de Ezequiel “Pocho” Lavezzi, llevó al exfutbolista argentino al centro de un conflicto legal que ya trasciende el ámbito deportivo. El reclamo supera los 500 millones de pesos y expone una relación laboral de casi 20 años marcada por un nivel de confianza inusual y responsabilidades que excedían cualquier función administrativa tradicional.

Según informó el periodista Luis Bremer en el programa A la tarde (América TV), la causa judicial se inició a fines de 2024 y actualmente se encuentra en su primera instancia. Dominici, quien acompañó a Lavezzi desde sus inicios en San Lorenzo, cumplió un rol que, según Bremer, se transformó con el tiempo en el de “mano derecha”. Esto implicaba disponibilidad total y tareas que incluían acompañarlo en viajes internacionales, organizar mudanzas, supervisar viviendas, realizar compras y efectuar depósitos o retiros de dinero en nombre del exdelantero.

Uno de los puntos más delicados de la presentación judicial tiene que ver con la confidencialidad y el acceso pleno a las finanzas del exjugador. El panel del programa confirmó que Dominici tenía autorización para comprar vehículos e inmuebles a nombre de Lavezzi y manejar fondos de circulación diaria: “Él ponía el gancho, él tenía el circulante”, señalaron.

El conflicto judicial tiene un antecedente directo: Lavezzi habría demandado previamente a Dominici por un presunto préstamo no devuelto. Según la documentación presentada, el exasistente le habría solicitado al exjugador alrededor de 170 mil dólares, a devolver en marzo de 2022, cifra que nunca fue reintegrada, motivo por el cual Lavezzi habría iniciado acciones legales.

La exposición pública del caso sorprende por la gran cercanía entre ambos durante casi 19 años, período en el que Dominici acompañó al exfutbolista en sus mudanzas y residencias en Nápoles, París y China. Para Bremer, la clave del reclamo actual radica en un vínculo laboral que habría sido indefinido, sin límites horarios y basado en un nivel de confianza que hoy está puesto bajo la lupa de la Justicia.