La Justicia provincial formalizó a tres personas mayores de edad vinculadas a la investigación por el millonario asalto a la familia Bonanno. Durante la audiencia celebrada este martes en Tribunales, el Ministerio Público Fiscal presentó la reconstrucción de los hechos que permitió determinar los roles de los implicados y resolver su situación procesal.

El principal imputado entre los mayores de edad, Roberto Maximiliano Castro Pacheco, fue identificado como partícipe directo en el ilícito. Según la exposición realizada por el fiscal Villalba, Castro Pacheco fue el encargado de conducir el vehículo —actualmente secuestrado— que trasladó a los delincuentes hasta el domicilio y facilitó su posterior huida. Esta maniobra quedó plenamente acreditada a partir del relevamiento de registros fílmicos y capturas de cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones del lugar del hecho.

Dado que el acusado no registraba antecedentes penales previos, la defensa y la fiscalía arribaron a un acuerdo de juicio abreviado. El juez de Garantías Fernández Caussi homologó el pacto y condenó a Castro Pacheco a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, unificando en el mismo fallo dos expedientes: la causa por robo triplemente agravado (por ser cometido en despoblado y en banda, por escalamiento y por efracción) y un legajo proveniente del CAVIG por lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género contra una expareja.

La investigación judicial alcanzó además al entorno familiar del condenado. Su hermano, Nicolás Pacheco, y la pareja de este, Fátima Pacheco, fueron imputados en primera instancia por el delito de encubrimiento, tras establecerse que habrían ocultado parte del botín en su vivienda. En los allanamientos concretados en el inmueble, la Policía secuestró 7.600 dólares en efectivo y un pasamontañas utilizado durante el atraco.

Al carecer de antecedentes, Nicolás Pacheco accedió al beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation) tras el acuerdo formulado por su abogada defensora, la Dra. Noriega, y la fiscalía. En el caso de Fátima Pacheco, la resolución de su beneficio se concretará en los próximos días por un trámite administrativo vinculado a la planilla prontuarial.

Por último, la fiscalía brindó precisiones sobre los ejecutores materiales que ingresaron a la propiedad, confirmando que se trata de menores de edad (uno plenamente identificado y un segundo individualizado). Por su condición etaria, la causa fue remitida a la Justicia de Menores, dándose por concluida la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad en esta fase.

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