El flamante juez de Garantías, Roberto Montilla, fue denunciado por haber intervenido en una causa judicial que no estaba bajo su competencia, en un hecho que genera fuerte revuelo dentro del Poder Judicial de San Juan. La Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Especiales lo acusa de haber actuado de manera irregular en una causa correspondiente al fuero de Flagrancia, donde habría tomado decisiones que favorecieron a un detenido de 70 años, con quien presuntamente tenía un vínculo personal.

Según la acusación formulada por el fiscal Iván Grassi, Montilla instruyó a personal policial para que trasladaran al detenido a un geriátrico, una decisión que no le correspondía tomar. Además, habría llamado a un fiscal para notificarle su intervención en el caso, lo cual generó sospechas sobre su motivación. La UFI interpretó estos hechos como un «intento de ayudar al detenido» de forma indebida.

El fiscal Grassi ya solicitó una audiencia de formalización en la que presentará pruebas clave, entre ellas registros de llamadas telefónicas entre Montilla y funcionarios policiales y judiciales, que demostrarían una interferencia directa y no autorizada en el expediente.

Desde la Justicia local no descartan que, de confirmarse la maniobra, se active un proceso disciplinario o incluso se impulse la suspensión preventiva del magistrado mientras se desarrolla la investigación.

El caso pone en el centro del debate la necesidad de transparencia y límites éticos claros en el accionar de los jueces, especialmente en contextos donde las relaciones personales pueden influir en decisiones sensibles.