Este martes se lleva adelante una audiencia clave para determinar el futuro judicial del intendente de Angaco, José Castro, y de los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, denunciados por presuntas irregularidades vinculadas a la aprobación de un convenio que incluía el pago de 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco como “reparación integral”.

La fiscal de Cámara, Marcela Torres, expondrá la postura del Ministerio Público Fiscal para que la investigación continúe su curso en el sistema penal acusatorio. La defensa del jefe comunal y de los ediles, en cambio, solicitará que el caso sea derivado al fuero contencioso administrativo, argumentando que no existe delito y que se trata de un acto administrativo sin relevancia penal.

La causa surgió tras la aprobación del convenio impulsado por Castro, lo que motivó una denuncia por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario. Para Fiscalía, la maniobra pudo haber vulnerado normas de transparencia y responsabilidad administrativa en el manejo de fondos públicos.

El expediente impacta directamente en otra causa que enfrenta Castro, en la cual está imputado por el presunto uso indebido de maquinaria y personal municipal en 2019. Ese juicio se encuentra suspendido hasta que se determine qué fuero debe continuar con la investigación actual. En ese marco, Fiscalía solicitó seis meses más de investigación para avanzar sobre posibles responsabilidades penales.

La resolución del juez Larrea no será definitiva: las partes podrán recurrir ante la Corte de Justicia de la provincia. No obstante, la definición de hoy marcará el rumbo del caso y será determinante para saber si avanza hacia un juicio o si queda fuera del ámbito penal.