La Cámara de Diputados riojana aprobó un proyecto que desconoce la ley de 1968 que fundamenta la frontera actual y creó una comisión especial. Desde San Juan, el gobernador Marcelo Orrego ratificó que la jurisdicción local «no está en discusión» y defendió la intangibilidad de Ischigualasto.

El conflicto geopolítico e institucional entre San Juan y La Rioja alcanzó su punto de máxima ebullición. En una sorpresiva e inédita jugada legislativa, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó un proyecto de ley que declara la nulidad absoluta de la Ley Nacional Nº 18.004 —sancionada en 1968 durante la dictadura de Juan Carlos Onganía—, la cual constituye el cimiento legal en el que San Juan fundamenta su actual delimitación territorial. La ofensiva de la vecina provincia no solo busca derribar el esquema cartográfico vigente hace más de medio siglo, sino que instruye formalmente a su Fiscalía de Estado a demandar a San Juan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La normativa impulsada por el gobernador riojano Ricardo Quintela argumenta que la frontera actual fue impuesta de manera unilateral por un gobierno de facto, sin la correspondiente intervención del Congreso de la Nación, generando un «perjuicio histórico» sobre su suelo. Como parte de esta embestida, La Rioja dispuso la creación de una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial y anunció que solicitará medidas cautelares urgentes ante el máximo tribunal del país para frenar cualquier explotación de recursos en las zonas en disputa.

La respuesta de San Juan: Blindaje constitucional y federal

La reacción en la capital sanjuanina fue inmediata y tajante. El gobernador Marcelo Orrego plantó bandera y desestimó de plano la validez de la jugada parlamentaria riojana, advirtiendo que ninguna provincia tiene la facultad jurídica de modificar fronteras de forma unilateral mediante normativas locales. «Quiero ser claro: nuestra jurisdicción no está en discusión. Ninguna provincia puede cambiar un límite con su propia ley; la Constitución Argentina es sumamente clara al respecto», sentenció el mandatario.

Desde el entorno del Ejecutivo sanjuanino recordaron que la delimitación actual no solo tiene una vigencia pacífica de 57 años, sino que sus líneas técnicas fueron ratificadas por el propio Congreso de la Nación en el año 2014. El argumento central de la defensa local radica en que el artículo 75 de la Ley Fundamental establece que el Poder Legislativo Nacional es el único estamento competente para modificar los mapas interprovinciales. «La propia ley riojana termina admitiendo su debilidad jurídica cuando especifica que el tema debe terminar en el Congreso y en la Justicia», evaluaron los asesores letrados de San Juan.

El futuro de los recursos estratégicos e Ischigualasto

Detrás de la batalla de decretos y peritajes geográficos se esconde una disputa de altísimo impacto económico y patrimonial. El reclamo de La Rioja roza áreas clave ricas en recursos naturales y símbolos culturales de alcance internacional. Ante esta amenaza, Orrego fue categórico al afirmar que la provincia defenderá con firmeza cada milímetro de su suelo, haciendo especial foco en el Parque Provincial Ischigualasto (Valle de la Luna).

Con las cartas echadas en los respectivos tableros políticos, el histórico litigio fronterizo ingresa de lleno en el terreno judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación será el escenario definitivo donde ambas jurisdicciones deberán dirimir una controversia que combina historia, geografía, recursos estratégicos y un tenso ajedrez político que mantiene en vilo al Nuevo Cuyo.