El Gobierno nacional oficializó una medida que otorga a nueve provincias, entre ellas San Juan, la facultad de administrar, mantener y licitar tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La decisión apunta a descentralizar la gestión de la infraestructura vial y permitir una intervención más directa de los gobiernos locales.

La disposición quedó establecida a través del Decreto 253/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina, y habilita a las provincias a otorgar concesiones de obra pública mediante el cobro de peajes, ya sea a empresas privadas, mixtas o entes públicos.

Las jurisdicciones alcanzadas por la medida son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

Descentralización y gestión local

El objetivo central de la normativa es transferir funciones operativas vinculadas al mantenimiento y conservación de rutas nacionales, sin perder el control general por parte del Estado nacional.

En ese sentido, el decreto aclara que la delegación es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y que no implica la cesión de la titularidad de las rutas ni de la jurisdicción federal sobre las mismas.

Concesiones y plazos

Las provincias podrán avanzar en la licitación de obras viales bajo el sistema de concesión con peaje, con contratos que no podrán superar los 30 años desde su aprobación.

Para poner en marcha este esquema, cada jurisdicción deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, donde se detallarán los tramos a intervenir y los planes de obras correspondientes.

Condiciones y control

La normativa establece que los procesos deberán respetar criterios de transparencia, publicidad, concurrencia y razonabilidad tarifaria, además de garantizar el equilibrio económico-financiero de los contratos.

El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los acuerdos.

Además, el decreto fija un plazo de un año para que las provincias convoquen a licitación. En caso contrario, la delegación perderá vigencia para el tramo correspondiente.

Impacto en San Juan

Con esta medida, San Juan queda habilitada para gestionar de manera directa tramos de rutas nacionales, lo que abre la posibilidad de acelerar obras de mantenimiento, mejorar la conectividad y definir esquemas de financiamiento propios.

La implementación efectiva dependerá de los convenios que firme la provincia y de las decisiones que adopte en materia de concesiones y peajes.