La “Operación Internacional Aliados por la Infancia 5” se desplegó de manera simultánea en 12 provincias argentinas y 15 países, en un megaoperativo destinado a desarticular una organización dedicada a la distribución de material de abuso sexual infantil en línea. En San Juan, la investigación estuvo a cargo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde se confirmó la detención de una persona, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre el domicilio allanado.

En Argentina, además de San Juan, se llevaron adelante procedimientos en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán. La coordinación entre fuerzas nacionales e internacionales permitió ejecutar los allanamientos en simultáneo, lo que fue clave para sorprender a los sospechosos y asegurar pruebas fundamentales.

El operativo trascendió fronteras y alcanzó a Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Esta magnitud convierte a la operación en una de las más amplias de los últimos años en la lucha contra la explotación y el abuso infantil en entornos digitales.

Según los datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires se identificaron 13 sospechosos (12 hombres y 1 mujer) de entre 29 y 80 años, además de la presencia de 2 menores convivientes en las viviendas allanadas. Durante los procedimientos, la policía incautó 9 computadoras, 23 dispositivos de almacenamiento, 15 celulares, una PlayStation 3 y una cámara HD, elementos que serán sometidos a peritajes especializados.

Las personas detenidas enfrentarán cargos por descarga, tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, además de eventuales acusaciones por acoso sexual en línea. Las autoridades remarcaron que este tipo de delitos suelen operar bajo redes internacionales que requieren coordinación conjunta para lograr resultados concretos.

Con esta acción, se refuerza la estrategia global de cooperación policial y judicial contra la explotación sexual infantil en internet, un flagelo que afecta a miles de víctimas en todo el mundo y que demanda respuestas firmes y coordinadas entre países.