Tras la promulgación de la nueva ley de glaciares, aprobada por el Congreso el pasado 8 de abril, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, celebró la normativa y afirmó que permitirá “ordenar, aclarar y aplicar correctamente” el marco ambiental, sin bloquear actividades productivas clave para la provincia.

El mandatario recordó que la ley anterior estuvo quince años sin poder instrumentarse debido a la falta de reglamentación y definiciones técnicas precisas, especialmente sobre el ambiente periglaciar.

“Es fundamental. Teníamos que aclarar este tema. Es una ley que tuvo quince años sin poder aplicarse”, señaló.

Uno de los puntos centrales, explicó, es que ahora se establecen definiciones claras sobre glaciares, periglaciares y sus geoformas, lo que permitirá aplicar criterios técnicos uniformes y resolver vacíos que históricamente trabaron autorizaciones y controles.

Orrego subrayó que la normativa se alinea con la doctrina de la Corte Suprema acerca de la concertación federal, reconociendo que las provincias son titulares de los recursos naturales.

“Lo que hace esta ley es reconocer facultades de las provincias, no delegarlas”, sostuvo.
A partir de esto, cada jurisdicción podrá determinar —con base en sus inventarios propios— qué formaciones cumplen función hídrica y cuáles no, lo que resultará determinante para autorizar actividades productivas o restringirlas.

El gobernador también remarcó que la ley no solo protege los glaciares, sino que otorga previsibilidad a sectores como minería, turismo y agricultura.
“Es importante para avanzar en cualquier actividad productiva, siempre cuidando el agua”, afirmó.

En ese marco, volvió a advertir sobre la situación hídrica de San Juan. Señaló que el 94% del agua se destina a usos agrícolas, pero gran parte se pierde en canales antiguos y sistemas de riego poco eficientes.
“Tenemos que trabajar en eficiencia hídrica”, insistió.

Orrego recordó que el Gobierno impulsa créditos por más de $5.000 millones para mejorar eficiencia hídrica y energética, además de obras estratégicas que abarcan acueductos, reparaciones de compuertas y modernización del sistema de distribución.

Finalmente, sostuvo que la nueva ley “no debilita la protección ambiental, sino que la fortalece y ordena”.
“Tenemos que cuidar muchísimo el agua, porque es un recurso fundamental para San Juan”, concluyó.

La normativa abre una nueva etapa para la provincia, que busca equilibrar el cuidado del ambiente con el desarrollo productivo en un contexto de creciente estrés hídrico.