Diputados de la Nación debatirá este miércoles la actualización de la Ley de Glaciares, una normativa que cuenta con el respaldo de las provincias mineras y del oficialismo, aunque genera fuertes posiciones encontradas entre los distintos sectores políticos, ambientales y productivos del país.

San Juan volvió a ocupar un rol central en la discusión. Tras la exposición del gobernador Marcelo Orrego en el Congreso, el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, defendió públicamente la necesidad de acompañar la nueva ley y destacó la preparación técnica y científica con la que cuenta el distrito para evaluar y proteger sus recursos hídricos y ambientales.

Perea subrayó que el 83% del territorio sanjuanino es cordillera y que, por ese motivo, la provincia se encuentra en un nivel superior de conocimiento y desarrollo de estudios glaciológicos. “San Juan es la única provincia que ha avanzado en estudios de glaciares de nivel 3 en la historia de la República Argentina”, afirmó.

Además, detalló que el distrito cuenta con un inventario de glaciares actualizado y con un Consejo Provincial de Glaciares, organismos que trabajan junto a instituciones científicas como la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ y el Instituto de Hidráulica. “Estamos a la altura de las circunstancias y tenemos profesionales que conocen la Cordillera como la palma de su mano”, aseguró.

El ministro sostuvo que la modificación propuesta a la normativa no pone en riesgo las reservas hídricas, sino que busca aportar precisión científica en la evaluación de las geoformas del ambiente periglacial. En ese sentido, recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 124, reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias, mientras que el artículo 41 establece un sistema de competencias concurrentes entre Nación y distritos.

“La protección de los glaciares no está en discusión. Lo que corresponde evaluar, con evidencia científica, son las geoformas. El principio precautorio se mantiene: todo glaciar se considera protegido hasta que la autoridad ambiental verifique que carece de funciones hídricas”, explicó.

Finalmente, Perea expresó que el espíritu de la reforma es mejorar el sistema de protección ambiental sin impedir el desarrollo productivo. “Buscamos que se proteja mejor, con la ciencia arriba de la mesa, mientras se desarrolla una actividad que puede sacar adelante a la Argentina. Confío en que este debate dará un paso hacia el federalismo y el reconocimiento de las facultades provinciales”, concluyó.

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