La Justicia de San Juan confirmó la continuidad del proyecto minero Vicuña, dejando sin efecto el intento de bloqueo impulsado por la provincia de La Rioja y despejando el camino para una inversión estimada en 18.000 millones de dólares en la próxima década. El fallo marcó un punto decisivo en un conflicto que tensó la relación interprovincial y generó preocupación en el sector productivo.

La resolución judicial determinó que no existen impedimentos legales para avanzar con el yacimiento —uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la Argentina— y ratificó que el emprendimiento está plenamente encuadrado en la normativa vigente. Con ello, quedó descartado cualquier riesgo de paralización.

En paralelo, la discusión llegó a la Legislatura sanjuanina.La diputada María Rita Lascano, una de las impulsoras del texto, brindó detalles sobre el acuerdo político alcanzado.

“Las declaraciones del Gobierno de La Rioja han sido desacertadas y perjudican el desarrollo productivo de San Juan. Esta declaración fue presentada de manera conjunta entre varios bloques y contamos con apoyo unánime”, afirmó Lazcano.

La legisladora remarcó que la defensa del proyecto debe exceder las diferencias partidarias:

“En estos casos no hay banderas políticas. Debemos tener el corazón unido defendiendo lo que es patrimonio de los sanjuaninos: Vicuña.”

La legisladora remarcó que Vicuña es estratégico no solo por su etapa de inicio, sino por el impacto económico que representa:

“Vicuña podría convertirse en la mayor inversión privada de la historia argentina. Tenemos un potencial enorme y debemos defenderlo, porque será la base del crecimiento de San Juan por los próximos 70 u 80 años.”

El proyecto, considerado clave para posicionar al país entre los principales productores de cobre, oro y plata, avanza ahora sin trabas legales, con respaldo institucional y con la expectativa de convertirse en un motor central para la economía provincial y nacional.