Tras semanas de extrema tensión, la Casa Rosada y los rectores cerraron un entendimiento que incluye mejoras operativas, becas y fondos para hospitales de la UBA. El oficialismo celebra el blindaje de las cuentas públicas, mientras los gremios capitalizan «dos años y medio de lucha» y la vía judicial sigue activa.

En lo que representa el capítulo más determinante de la extensa paritaria educativa, el Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) lograron destrabar un acuerdo clave. El pacto garantiza la actualización de los salarios para el personal docente y no docente, además de asegurar las partidas indispensables para el normal funcionamiento de las universidades públicas de todo el país. Sin embargo, la foto del consenso no oculta la grieta de fondo: el conflicto por el financiamiento estructural del sistema sigue abierto y a la espera de un veredicto definitivo en la Corte Suprema de Justicia.

El humo blanco llegó luego de semanas marcadas por el estado de alerta y la inminencia de nuevas huelgas federales. El entendimiento, que cuenta con el visto bueno de los principales gremios del sector, establece una recomposición salarial escalonada del 24,33% dividida en dos tramos: un fuerte ajuste del 21,33% en julio y un complemento del 3% en octubre.

Según el desglose técnico de la negociación, esta ingeniería matemática busca saldar deudas pendientes de toda la gestión actual: equivale a 7 puntos correspondientes al bache de 2024, 12,33 puntos de la inflación de 2025 y el porcentaje restante está destinado a compensar la pérdida del poder adquisitivo acumulada hasta mayo de 2026.

Becas, hospitales y la lectura política

El acuerdo no se limitó estrictamente a lo salarial. En la mesa de negociaciones se destrabaron otros dos reclamos históricos. Por un lado, se definió un incremento del 50% en el presupuesto del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. Por el otro, y respondiendo a una exigencia explícita de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Poder Ejecutivo nacional aceptó inyectar un financiamiento extraordinario de $50.000 millones de pesos para sostener los hospitales universitarios, asfixiados por la suba de costos médicos.

Puertas adentro de la Casa Rosada, el oficialismo saborea el resultado como un triunfo político. Desde el entorno gubernamental aseguran que lograron «torcerle el brazo» a lo que consideraban una postura intransigente de los rectores, logrando mantener a salvo el equilibrio fiscal. En las filas oficiales confiaban en que, ante la asfixia presupuestaria de las aulas, el CIN terminaría rubricando la última oferta posible.

En la vereda de enfrente, el clima es de conquista tras el desgaste. La Federación de Docentes de Universidades (FEDUN) emitió un duro comunicado donde capitalizó políticamente el avance: «Tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el Gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente».

Un pacto con fecha de vencimiento

A pesar del alivio inmediato que esto derrama sobre el calendario académico, la batalla de fondo está lejos de concluir. Los rectores de las universidades públicas aclararon de inmediato que la firma de este convenio no frena sus reclamos legales. El CIN continuará adelante con la demanda judicial para que la Nación ejecute la Ley de Financiamiento Universitario. Esta normativa, que fuera vetada por el Ejecutivo, se encuentra actualmente bajo el microscopio de la Corte Suprema, el último tribunal que definirá si el sistema universitario recibe una solución de fondo o si la tregua de este invierno será puramente pasajera.