En una entrevista con FM Todo Música, la legisladora provincial celebró la ratificación del acuerdo minero por USD 250 millones y detalló las cláusulas del convenio con Vialidad Nacional: «Si en un año la provincia no consigue los fondos para la ruta, la jurisdicción vuelve automáticamente a manos de Nación».

La Cámara de Diputados de San Juan vivió este miércoles una jornada decisiva para el mapa político y de infraestructura local. Con 27 votos a favor y 9 en contra, el cuerpo ratificó el acuerdo con la empresa Vicuña Argentina S.A. que garantiza un desembolso no reembolsable de 250 millones de dólares para obras públicas. Minutos más tarde, con 23 votos afirmativos y 10 negativos, se aprobó el convenio con Vialidad Nacional para intervenir rutas clave en territorio provincial.

Tras el cierre del debate, la diputada provincial María Rita Lascano habló en exclusiva con FM Todo Música para desglosar los alcances de la votación y responder a los cuestionamientos planteados por la bancada opositora.

—Diputada, ¿qué balance hace de esta sesión en la que se aprobaron dos temas centrales para el futuro de la provincia? —La verdad que estamos muy contentos. Fue una sesión histórica, dos temas de gran relevancia para los próximos meses y años de San Juan. El primero, con la empresa Vicuña, busca darle estabilidad jurídica a sus obligaciones financieras y económicas con la provincia. Esto marca un hito que quedará por siempre en la memoria: un aporte extraordinario no reembolsable de 250 millones de dólares, anunciado por el gobernador en cadena provincial, mucho antes de que la mina empiece a producir. Es la primera vez que se logra algo así, con dinero que se transferirá a las constructoras a medida que las obras estén certificadas. Logramos un acompañamiento de 27 legisladores, lo que demuestra que hay un respaldo mayoritario a la minería como política de Estado y motor de desarrollo.

—El gobernador Marcelo Orrego publicó en sus redes que «aunque algunos quieran dejar a la provincia en el atraso, la mayoría eligió acompañar». ¿Cómo analiza la postura del bloque opositor que votó en contra? —La verdad es que es llamativa la posición que tomaron, sobre todo cuando pertenecen a un espacio político que históricamente hizo de la minería una bandera. Resultan llamativas estas actitudes tan combativas, en algunos casos con la intención de desinformar o llevar confusión a los vecinos. El convenio solo regula obligaciones económicas y financieras. La provincia no cede en ningún momento su control ambiental ni el poder de policía minero; ningún estándar ambiental estuvo en discusión. En lo personal, entiendo que se trata de una cuestión más partidaria que institucional: no acompañaron simplemente porque el proyecto lleva el sello de Marcelo Orrego y evidentemente hay algo ahí que les hace ruido.

—Mencionaba que el proyecto minero trasciende las gestiones políticas… —Exactamente. Vicuña tiene una expectativa de vida útil de 71 años. Vaya si van a pasar gobernadores y elecciones en ese tiempo. Esas son las cosas que la oposición no puso en la balanza. Sin embargo, los 27 votos favorables representan la mayoría más importante que hemos obtenido hasta el momento. Más allá del corazón partidario de cada uno, primó una mirada en común por el futuro de San Juan, la seguridad jurídica y el desarrollo de más infraestructura y puestos de trabajo.

—En el tramo final se aprobó el convenio con Vialidad Nacional para intervenir rutas clave. ¿Qué implicancias reales tiene para los conductores sanjuaninos? —Es un convenio novedoso que ya han firmado alrededor de siete provincias ante la urgencia de resolver el estado de las rutas nacionales, que llevan años sin el mantenimiento adecuado. Lo interesante es que tiene una cláusula que establece que el convenio empieza a regir únicamente cuando las máquinas pisan la ruta y existe la factibilidad técnica y económica, lo que protege el presupuesto de San Juan.

—Se habló de una vigencia de 20 años, ¿eso compromete las arcas provinciales a largo plazo? —No, de ninguna manera es una hipoteca a 20 años. El plazo corre a partir de que inician los trabajos en cada tramo. Además, el texto incluye una cláusula revocatoria muy concreta: si transcurre un año desde la presentación del proyecto técnico —por ejemplo, para la Ruta 40 Sur— y la provincia no concreta la obra ni consigue los fondos, el convenio se desestima automáticamente y la responsabilidad regresa en un 100% a manos de Vialidad Nacional. Hay un límite de 12 meses para intervenir; no es un cheque en blanco.