En un operativo que sacudió al ámbito judicial y penitenciario de la provincia, el juez federal Leopoldo Rago Gallo imputó a 11 personas acusadas de integrar una organización dedicada al comercio de estupefacientes desde el interior de la cárcel de San Juan. A pedido del fiscal federal Fernando Alcaraz, el magistrado aplicó un doble agravante: el número de miembros implicados y la venta de drogas dentro del establecimiento penitenciario.

La investigación, a cargo de la Policía Federal y la División de Drogas Ilegales, comenzó a partir de escuchas telefónicas que permitieron desarticular la banda. Según las pesquisas, en el transcurso de un año los movimientos de dinero vinculados al narcotráfico habrían alcanzado 590 millones de pesos, canalizados a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los sospechosos.

Los investigadores señalaron que las ganancias por la venta de estupefacientes eran significativas y que el dinero terminaba en cuentas de reclusos como Cristian Jesús Latorre, Leonardo Jesús Arias y Sebastián Humberto Tobal, este último condenado a 20 años por el homicidio de Ángel “Huevito” Amado en 2015. En las celdas de Tobal y Latorre se hallaron pastillas y cocaína, respectivamente, confirmando las sospechas sobre la actividad ilícita.

El ingreso de la droga al penal era facilitado por las parejas de los detenidos. María Fernanda Ormeño, pareja de Tobal, fue sorprendida con 425 gramos de marihuana, una pistola 9 mm, pastillas y nueve celulares. Por su parte, Rocío Rojas, pareja de otro imputado, llevaba cocaína, una balanza de precisión y una campera del Servicio Penitenciario. Rojas fue la única excarcelada debido a un embarazo de alto riesgo.

El juez Rago Gallo otorgó 90 días de investigación a la Fiscalía y dictó prisión preventiva por el mismo período para 10 de los imputados. Entretanto, el supuesto proveedor, Leonardo Saavedra, y otras tres personas permanecen prófugos, por lo que continúan los operativos para dar con su paradero.

El caso ha generado gran preocupación en la comunidad y reavivó el debate sobre los controles y protocolos de seguridad en el Servicio Penitenciario Provincial. La magnitud de los movimientos financieros y la logística empleada por la organización dejan en evidencia la sofisticación de la red desarticulada.