La República del Paraguay atraviesa su hora más crítica en términos institucionales y financieros. Este viernes 6 de noviembre de 2026, la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad (44 votos a favor) la destitución del presidente Santiago Peña tras declararlo culpable de mal desempeño en sus funciones. A las pocas horas de confirmarse la pérdida de sus fueros ejecutivos, la Justicia ordenó la detención del exmandatario para ser investigado en la causa penal vinculada al colapso del banco digital Ueno Bank.

Tras la consumación del juicio político, el Congreso Nacional tomó juramento de manera inmediata al hasta entonces vicepresidente Pedro Alliana, quien asumió la Jefatura de Estado y se convirtió en el mandatario número 52° en la historia democrática de la vecina nación.

El detonante: investigación por Ueno Bank y crisis financieraLa caída de la administración de Peña se precipitó en las últimas semanas luego del colapso y quiebra de la firma de servicios financieros digitales Ueno Bank. Las investigaciones impulsadas por la oposición y sectores disidentes del propio oficialismo acusaron al mandatario saliente de mantener vinculaciones comerciales directas y participaciones accionarias no transparentadas con la entidad financiera a través de sociedades holding.

Durante la extensa sesión en el recinto, los legisladores rechazaron los planteos de prórroga presentados por la defensa del jefe de Estado y denegaron el tratamiento de su dimisión anticipada, buscando evitar que el expresidente conservara el estatus honorario de senador vitalicio y la consiguiente inmunidad de fuero.

Asunción y nuevo escenario políticoMinutos después de oficializarse la resolución legislativa, Pedro Alliana —referente del Partido Colorado— juró en el recinto del Congreso para completar el mandato constitucional. En sus primeras palabras tras asumir la conducción del país, Alliana llamó a restablecer el orden institucional, llevar tranquilidad al sistema bancario y colaborar de forma irrestricta con las medidas que disponga la Justicia en relación a las eventuales responsabilidades penales de los exfuncionarios involucrados en la quiebra.