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La controversia en torno a la logística de la visita del papa León XIV escaló al plano político y legislativo tras la presentación de un abarcativo proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación. El diputado santafesino Esteban Paulón solicitó formalmente un pedido de informes para que el Gobierno de Javier Milei brinde explicaciones sobre la instalación y el financiamiento de una carpa VIP exclusiva destinada a funcionarios, legisladores, empresarios y figuras de la farándula durante la vigilia papal realizada en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
La medida apunta directamente a dos altos funcionarios del Poder Ejecutivo: la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, a quienes se citará para que detallen los actos administrativos, criterios de selección y partidas presupuestarias afectadas.
Catering de lujo, famosos e irregularidades en las acreditaciones El escándalo cobró estado público luego de que trascendieran imágenes y publicaciones en redes sociales compartidas por la empresaria Angie Landaburu, donde se observaba un sofisticado ambiente de catering al que asistieron personalidades como Carolina «Pampita» Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza junto a su esposo Alejandro Gravier.
En los fundamentos del proyecto, Paulón cuestionó la marcada contradicción entre la ostentación y el mensaje pastoral de León XIV: «Armaron un sector VIP con catering para famosos y dejaron afuera a cientos de periodistas que ya estaban acreditados para cubrir la visita del Papa».
Asimismo, el documento solicita precisar las causas por las cuales de una previsión inicial de 250 acreditaciones de protocolo (entre Nación y Ciudad) se pasó a una nómina de casi 4.000 invitados VIP, incluyendo el reclamo por las declaraciones públicas de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien manifestó no haber recibido el código QR de acceso a dicho sector.
Un gasto estimado en $8.690 millones bajo la lupa Respecto a la ingeniería financiera y contractual, el pedido de informes exige transparentar el costo total de las actividades en Palermo, el cual habría demandado un desembolso estimado en 8.690 millones de pesos.
El legislador pidió que se justifique la contratación apelando al criterio de «urgencia» cuando la visita oficial estaba programada con meses de antelación, y requirió que se analice un posible conflicto de intereses, teniendo en cuenta que la firma adjudicataria —DF Entertainment— forma parte del grupo empresarial que administra el Estadio Luna Park, vinculado al Arzobispado de Buenos Aires.
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