El Tribunal Internacional del Derecho del Mar comenzó en Hamburgo la primera de dos audiencias sobre el pedido argentino para que el Reino Unido detenga provisionalmente las actividades petroleras en las islas Malvinas. La presentación no busca resolver la disputa de soberanía, sino obtener medidas mientras sigue pendiente el conflicto entre ambos países.

El embajador Mario Oyarzábal expuso ante el tribunal que, según la posición argentina, las operaciones podrían alterar de forma irreversible recursos de la plataforma continental disputada. También planteó la necesidad de proteger el medio marino y de evitar decisiones unilaterales que, a juicio de Buenos Aires, dificulten la solución de la controversia.

La Argentina pidió que se detenga el proyecto Sea Lion y que no comiencen ni continúen otras explotaciones de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Además, solicitó limitar el uso o la transferencia a terceros de información obtenida durante la exploración, resguardar las obligaciones de protección ambiental y evitar que se otorguen nuevos permisos en la plataforma en disputa.

Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros de las islas, tendría previsto comenzar a producir entre 2027 y 2028, de acuerdo con la información expuesta en la audiencia. El proyecto está asociado a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, y la reserva del yacimiento fue estimada en 1.700 millones de barriles. Esos plazos y datos describen una explotación proyectada, no una actividad ya iniciada.

El Reino Unido sostiene que el tribunal no tiene jurisdicción para examinar el reclamo argentino sobre la soberanía y afirma que defenderá su derecho a perforar en las islas. Al momento de la información publicada, la delegación británica todavía no había intervenido en la audiencia. La respuesta del tribunal a las medidas solicitadas no estaba informada.