La investigación penal por presuntas estafas vinculadas a Branka Motors dio un paso decisivo este lunes, cuando la UFI de Delitos Informáticos y Estafas obtuvo la homologación del acuerdo de reparación integral destinado a resarcir económicamente a las víctimas. La jueza Ana Carolina Parra avaló la propuesta presentada por la defensa, que contempla la devolución total del perjuicio denunciado.

Según informó el Ministerio Público, el acuerdo prevé el reintegro de 524 millones de pesos a 352 damnificados, mediante un plan de pago en cinco cuotas dentro de un plazo total de 120 días, con vencimientos entre el 25 de abril y el 25 de agosto.
Los denunciantes cuentan con siete días hábiles para presentar sus CBU en la Oficina de Medidas Alternativas, donde serán procesados los depósitos.

La propuesta establece la devolución íntegra de los montos y está garantizada por bienes muebles e inmuebles, asegurando la disponibilidad de activos para cubrir las obligaciones. No obstante, el Ministerio Público aclaró que el acuerdo se limita al ámbito penal, sin perjuicio de eventuales acciones civiles que las víctimas pudieran iniciar.

Para arribar al entendimiento, el equipo fiscal realizó un análisis financiero exhaustivo: se relevaron datos de múltiples entidades crediticias, se reconstruyeron movimientos bancarios y se determinó la trazabilidad de fondos. El proceso incluyó 12 allanamientos y diversas medidas para identificar y asegurar activos.

Desde el Ministerio Público destacaron la labor de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, integrada por el fiscal subrogante Eduardo Gallastegui, el fiscal de caso Guillermo Heredia, los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, y las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.

La reparación integral, prevista en el Código Procesal Penal, constituye una herramienta clave para restaurar el daño causado y brindar una respuesta concreta a las víctimas. Con la homologación de la jueza Parra, el acuerdo queda formalmente habilitado para su ejecución.

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