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El Tribunal Oral Federal N°2 de Salta dictó sentencia condenatoria contra dos empleados de la sucursal Orán del Banco Nación Argentina, tras comprobarse que sustraían de manera sistemática dinero en efectivo a clientes que concurrieron a realizar depósitos en la ventanilla de la entidad.
El fallo, firmado por el juez Domingo Batule, declaró a Silvia Verónica Castro y a su pareja, Fernando Horacio Arias Knudsen, autores del delito de estafa en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público. Castro recibió una pena de dos años de prisión en suspenso y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, mientras que a Arias Knudsen se le impusieron seis meses de prisión en suspenso y un año de inhabilitación.
El «pellizco» en la contadora de billetes
La investigación, impulsada por el fiscal federal Marcos Romero —titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Orán—, logró acreditar 18 hechos delictivos ocurridos durante el segundo semestre de 2023. La modalidad delictiva, conocida en la jerga como «pellizco», consistía en retirar billetes de los fajos que los clientes entregaban para su acreditación.
Aprovechando la distribución edilicia de las cajas y la presencia de vidrios esmerilados que impedían la visión de los usuarios, Castro trasladaba el efectivo hacia una máquina contadora ubicada fuera del campo visual de los depositantes. En ese trayecto, o al momento del recuento, apartaba billetes y los ocultaba dentro de folletos publicitarios del banco.
Las principales víctimas eran comerciantes locales y representantes de empresas que manejaban volúmenes importantes de efectivo. Ante la discrepancia en las sumas, los clientes asumían que se trataba de un error propio de conteo y reponían la diferencia sin realizar reclamos formales.
Al descubierto por un compañero y las cámaras
El esquema cayó el 17 de noviembre de 2023, cuando un compañero de trabajo de Castro observó la maniobra sospechosa con los folletos, revisó el material y encontró el dinero escondido. Tras el alerta, las autoridades de la sucursal auditaron las grabaciones de las cámaras de seguridad desde el 19 de julio de ese año, lo que permitió constatar la reiteración del modus operandi y formalizar la denuncia penal.
Durante las audiencias, la defensa de los imputados sostuvo que las acusaciones respondían a internas laborales. Sin embargo, el magistrado descartó de plano esa hipótesis al valorar el material fotográfico y audiovisual presentado por la fiscalía, sumado al testimonio de las víctimas.
En la sentencia se remarcó que Castro contaba con más de 30 años de antigüedad en el banco y que ninguno de los dos procesados atravesaba una situación de vulnerabilidad económica. Por el contrario, los peritajes determinaron que ambos contaban con ingresos elevados producto de sus sueldos bancarios y de la explotación comercial de una empresa familiar dedicada a la venta de piscinas y productos de limpieza.
«Solo la necesidad de lucro es lo que los ha motivado a cometer estos hechos», concluyó el juez Batule al fundamentar el fallo. Además de las penas impuestas, los sancionados deberán someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal por dos años, mientras que las víctimas quedaron habilitadas para iniciar acciones civiles por los daños patrimoniales sufridos.
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