Ante la creciente aparición de amenazas virales dirigidas a escuelas, el Ministerio de Educación confirmó que se trabaja en la revisión y el endurecimiento de los protocolos de actuación, en articulación directa con Seguridad y la Justicia.

La secretaria de Educación, Mariela Lueje, sostuvo en rueda de prensa que se trata de un fenómeno “que preocupa y ocupa” y dejó un mensaje contundente:

“Esto no es un chiste, es un delito tipificado por ley. Debe quedar claro para los estudiantes, las familias y toda la comunidad”.

Un trabajo conjunto con Seguridad y fiscales

La funcionaria explicó que, ante casos de intimidación pública, se sostiene un abordaje integral con directivos, docentes, gabinetes escolares y autoridades de seguridad.

“Estamos avanzando en un protocolo más fuerte. Analizamos medidas tomadas en otras provincias y definiremos cómo avanzar en San Juan cuando nos reunamos con los fiscales, la ministra de Educación y el secretario de Seguridad”.

Confirmó además que se convocará a una reunión con todas las fuerzas y sectores involucrados en la toma de decisiones, desde conducción escolar hasta áreas operativas.

Llamado a las familias: “Tomen cartas en el asunto”

Lueje subrayó que esta problemática no es responsabilidad exclusiva de la escuela, y pidió compromiso de los hogares:

“A los papás les pido que tomen cartas en el asunto. La prevención y la concientización deben trabajarse entre todos. La escuela sola no alcanza”.

Señaló que, aunque los mensajes de amenaza se escriban dentro del ámbito escolar, el origen y las causas requieren un trabajo comunitario que incluya familia, docentes y estudiantes.

Uso del celular: se ratifican las normas de convivencia

En cuanto al uso del celular en las aulas, la secretaria recordó que cada institución cuenta con acuerdos de convivencia que se renuevan anualmente:

“Si está expresamente prohibido usar el celular, se debe cumplir. Es ley interna de la institución”.

Indicó que solo los docentes podrán habilitar su uso cuando sea estrictamente pedagógico, y que su cumplimiento es obligatorio para toda la comunidad educativa.