El escándalo estalló tras la viralización del material falso en grupos de WhatsApp. Los padres de las damnificadas denunciaron penalmente el hecho y exigen la expulsión inmediata del estudiante. Aseguran que las explicaciones de los directivos del colegio «no son suficientes» y piden que actúe la Justicia penal.

Un gravísimo caso de violencia digital y vulneración de la intimidad encendió las alarmas en la comunidad educativa del departamento Caucete. La Justicia de San Juan, en conjunto con gabinetes especializados en delitos informáticos, investiga a un estudiante secundario acusado de utilizar fotografías cotidianas de sus compañeras de curso para alterar sus rostros y cuerpos, generando imágenes y videos de explícito contenido íntimo mediante herramientas de Inteligencia Artificial (IA).

El aberrante episodio comenzó a salir a la luz pública durante las últimas horas, cuando las propias alumnas descubrieron que el material adulterado (conocido técnicamente como deepfakes pornográficos) había comenzado a circular y viralizarse de forma masiva a través de distintos grupos de la plataforma de mensajería WhatsApp.

«La situación provocó una crisis de nervios y una profunda humillación en las adolescentes afectadas, quienes se vieron expuestas en redes sin su consentimiento y de una forma aberrante a través de un montaje tecnológico», señalaron fuentes cercanas a las familias damnificadas.

Cruce con las autoridades de la escuela y denuncia penal

Tras tomar conocimiento de la maniobra virtual, los padres de las alumnas acudieron de inmediato al establecimiento escolar para mantener una reunión de urgencia con las autoridades directivas. Según manifestaron los tutores a la salida del encuentro, las respuestas institucionales dadas por los directivos de la escuela resultaron «totalmente insuficientes y corporativas», acusándolos de intentar restarle peso a la gravedad del asunto para resguardar el nombre de la institución.

Ante la falta de medidas disciplinarias inmediatas y contundentes dentro del colegio (los tutores reclaman la expulsión del menor implicado), los padres decidieron judicializar el conflicto de manera oficial. Se radicó una denuncia formal en las dependencias judiciales competentes, activando la intervención de peritos informáticos para secuestrar los dispositivos electrónicos utilizados en el diseño y distribución del contenido.

Un vacío legal y educativo que preocupa

Por el momento, los organismos estatales mantienen un estricto secreto de sumario debido a que tanto el presunto autor de los montajes como las víctimas son menores de edad. Tampoco se emitieron comunicados oficiales sobre el avance de la causa penal ni sobre la aplicación del protocolo de convivencia escolar.

El caso reabre el debate en la provincia sobre el alcance y los peligros de las nuevas tecnologías accesibles en los teléfonos móviles de los adolescentes, desnudando la necesidad de marcos regulatorios urgentes y de una formación ética digital profunda en los gabinetes escolares para evitar la desprotección y el ciberacoso hacia las mujeres en las aulas.