El Tribunal Oral Federal de San Juan dictó el fallo absolutorio para el reconocido penalista y para el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo. La fiscalía y la PROTEX habían solicitado una pena de hasta 12 años de prisión, pero los magistrados determinaron que no había pruebas concluyentes. «Soy inocente y la causa se basó en conjeturas», había expresado el letrado antes de conocerse la sentencia.

En una resolución que sacudió los cimientos del ámbito tribunalicio y mediático de la provincia, el Tribunal Oral Federal (TOF) de San Juan dictó este viernes la absolución total y definitiva del abogado penalista Gustavo De la Fuente. El profesional había llegado a la instancia de debate oral acusado del grave delito de trata de personas con fines de explotación sexual, una calificación que ponía en juego su libertad y su carrera profesional. La medida dictada por el tribunal también benefició de forma directa al ciudadano de nacionalidad colombiana, John Sebastián Quevedo, imputado bajo la misma plataforma fáctica.

El veredicto, dado a conocer formalmente en horas del mediodía por el tribunal presidido por el magistrado Daniel Doffo, puso fin a un proceso judicial de casi dos años de extensión que acaparó la atención de la opinión pública local por la gravedad de las acusaciones y el perfil del principal involucrado.

Un pedido de pena máximo que se desmoronó en el debate

Ambos imputados enfrentaron el tramo definitivo del juicio oral bajo una enorme presión procesal. Durante los alegatos, el fiscal federal Fernando Alcaraz, quien trabajó en el caso de forma coordinada con la cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), María Alejandra Mángano, había solicitado formalmente una severa condena de hasta 12 años de prisión efectiva para los acusados. Sin embargo, para los jueces del TOF, las pruebas ventiladas en las audiencias no lograron acreditar de manera fehaciente la existencia del delito ni la participación penal de los señalados.

Antes de que el tribunal se retirara a deliberar para dictar la sentencia, Gustavo De la Fuente hizo uso de sus últimas palabras en el recinto, donde ensayó una férrea y vehemente defensa de su postura:

“Soy inocente y mi familia también. La investigación impulsada por la fiscalía estuvo basada en interpretaciones erróneas, supuestos y conjeturas sin ninguna clase de prueba concluyente. El expediente se construyó sobre hipótesis que no lograron sostenerse durante el debate oral”, argumentó con dureza el abogado.

El impacto familiar y el escenario post-fallo

En su descargo final ante el juez Doffo, De la Fuente también hizo especial hincapié en el severo costo personal y social que significó atravesar el proceso judicial durante los últimos 24 meses, manifestando el daño moral infligido a su entorno más cercano debido a la repercusión de la causa en los medios de comunicación masivos.

La lectura de la absolución cierra provisoriamente uno de los expedientes más complejos y comentados de los últimos tiempos en los tribunales federales de la región. El fallo dictado abre ahora un nuevo escenario institucional, a la espera de conocerse los fundamentos íntegros del tribunal, los cuales determinarán si el Ministerio Público Fiscal interpondrá un recurso de casación para intentar revertir la decisión ante los tribunales superiores.