La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación presentada por el Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y la recomposición del salario docente. La resolución mantiene vigente la orden judicial de actualizar los haberes de docentes y no docentes de universidades públicas, y restablecer los programas de becas estudiantiles.

La cautelar exige cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen la actualización salarial desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción definitiva prevista para septiembre de 2025. Además, ordena recomponer todos los programas de becas que habían sufrido recortes y demoras.

En su fallo, los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán calificaron como “poco serios” los argumentos del Estado nacional, que sostenía que la medida cautelar actuaba como una “sentencia definitiva encubierta”. A su vez, destacaron que el impacto fiscal derivado de cumplir la resolución es bajo y no compromete el interés público. Por el contrario, señalaron que lo que está en juego es un derecho fundamental garantizado por la Constitución: la educación superior pública.

La primera cautelar había sido dictada en diciembre de 2024 por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas organizaciones del sistema universitario, con el respaldo de más de 40 universidades públicas. En aquel momento, Cormick consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendió la ejecución de la ley— presentaba características de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.

El Gobierno nacional, en cambio, respondió calificando la decisión judicial como “arbitraria”, aduciendo que la ley requería previamente definir sus fuentes de financiamiento y su incorporación al Presupuesto. Para el Ejecutivo, era el Congreso —y no el Poder Judicial— el órgano competente para resolver el asunto. También advirtió sobre un eventual desequilibrio fiscal, argumento desestimado por la Cámara.

El conflicto se intensificó entre 2024 y 2025 con masivas movilizaciones estudiantiles, sindicales y universitarias en todo el país. La segunda Marcha Federal de octubre de 2024 y la multitudinaria protesta del 17 de septiembre de 2025, bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, marcaron hitos de resistencia frente al veto presidencial a la ley de financiamiento que ya contaba con aprobación parlamentaria.

Con el avance de la crisis, la oposición logró finalmente sancionar una ley que restituía el financiamiento universitario y superaba los vetos de la presidencia de Javier Milei. Aun así, el Ejecutivo emitió un decreto para evitar su ejecución, alimentando el conflicto institucional.

Actualmente, el Gobierno busca encauzar la disputa impulsando una nueva ley que no derogue el esquema vigente, pero sí lo modifique. Desde la Secretaría de Educación, destacan que el objetivo es alcanzar un consenso político que permita aprobar un marco normativo capaz de ofrecer previsibilidad, seguridad jurídica y estabilidad financiera al sistema universitario público argentino.