En un contexto marcado por el crecimiento de los delitos digitales, el Ministerio de Educación y el Ministerio Público de San Juan avanzan en una estrategia integral para prevenir el grooming y promover el uso responsable de la tecnología en el ámbito educativo.

El eje de esta articulación quedó plasmado en una reunión de trabajo encabezada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y el Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, junto a equipos técnicos de ambas instituciones. El objetivo central es fortalecer las herramientas de prevención, detección temprana y abordaje de situaciones de riesgo que afectan especialmente a niños, niñas y adolescentes.

Durante el encuentro se presentó el programa “Modo On”, una iniciativa impulsada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas que apunta a generar conciencia sobre los peligros del grooming, un delito que ha mostrado un incremento sostenido y una mayor complejidad en los últimos años.

Desde el Ministerio Público señalaron que el análisis de los casos judicializados evidencia no solo un aumento en la cantidad de denuncias, sino también nuevas modalidades delictivas vinculadas a la difusión no consentida de contenido íntimo, lo que implica graves consecuencias psicológicas y vulneraciones a la privacidad de las víctimas.

Frente a este escenario, ambas carteras coincidieron en la necesidad de priorizar la prevención por sobre la intervención judicial, apostando a la educación como herramienta clave. En ese sentido, se destacó el rol de las escuelas como espacios fundamentales para construir ciudadanía digital y acompañar a los estudiantes en el uso seguro de las plataformas tecnológicas.

El programa “Modo On” estará destinado a toda la comunidad educativa: alumnos de distintos niveles, docentes, equipos de orientación y familias. La propuesta contempla la realización de jornadas institucionales en escuelas, con contenidos adaptados según la edad de los estudiantes, además de materiales audiovisuales, guías pedagógicas y recursos específicos para adultos responsables.

La iniciativa también busca fortalecer la capacidad de detectar señales de alerta de manera temprana, promoviendo una intervención adecuada que permita proteger a los menores antes de que las situaciones escalen al ámbito judicial.

De esta manera, el trabajo conjunto entre Educación y el Ministerio Público se consolida como una política pública orientada a generar entornos digitales más seguros, reforzando la prevención y construyendo redes de protección en toda la provincia.