El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se pronunció luego de la aprobación con media sanción en el Senado de la Nación del proyecto que modifica la Ley de Glaciares, iniciativa que abrió un nuevo capítulo de debate en torno al federalismo, el desarrollo productivo y la protección de los recursos naturales.

La iniciativa obtuvo 40 votos afirmativos, 31 rechazos y una abstención, y ahora será tratada en la Cámara de Diputados cuando inicien las sesiones ordinarias.

Tras la votación, Orrego resaltó la importancia de la reforma para la provincia y defendió el rol de las jurisdicciones en la administración de sus recursos naturales.
“Hoy damos un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia. Esta ley reconoce facultades constitucionales de San Juan y fortalece un esquema donde la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio”, expresó.

El mandatario provincial sostuvo que San Juan —una provincia con fuerte presencia de cordillera y actividades productivas vinculadas al agua y la minería— necesita una legislación que distinga con claridad los ambientes a proteger, sin desconocer el potencial económico.
“Somos una provincia de montaña. Vivimos del agua y la cuidamos todos los días. Como sanjuanino defiendo una minería responsable que genere trabajo y que sea parte de la transición energética”, afirmó.

Qué propone la reforma

La modificación impulsada redefine el alcance de la Ley 26.639 de protección de glaciares y ambiente periglaciar.
El aspecto central es la precisión sobre las “formas periglaciares”, ya que actualmente la definición vigente abarca amplias áreas donde la actividad económica se encuentra vedada sin distinción.

El nuevo enfoque propone diferenciar:

• Formaciones que cumplen funciones estratégicas de reserva hídrica o aportan a la recarga de cuencas, que seguirán estando protegidas.

• Formaciones que no cumplen función hídrica comprobable, donde podrían habilitarse actividades económicas bajo evaluación técnica, científica y ambiental.

Esto implica que no todo el ambiente periglaciar quedaría automáticamente restringido, sino solo aquellas áreas cuya relevancia hídrica esté demostrada. Para las restantes, se abriría la posibilidad de desarrollo minero u otras actividades productivas.

Equilibrio entre producción y ambiente

En una provincia donde la minería es clave para la matriz económica, la discusión atraviesa temas sensibles: empleo, inversión, transición energética y protección del agua.
Orrego insistió en que la reforma permite avanzar hacia un modelo “responsable y basado en evidencia científica”, donde el desarrollo no avance en detrimento del ambiente.

El tratamiento en Diputados definirá el rumbo final de una ley que podría reconfigurar el marco regulatorio de actividades estratégicas en la cordillera sanjuanina y de otras provincias con geografía similar.

Hoy damos un paso importante para el federalismo y el desarrollo de nuestra provincia.

Esta ley reconoce facultades constitucionales de San Juan y fortalece un esquema donde la evaluación ambiental se basa en ciencia y conocimiento del territorio.

Somos una provincia de…

— Marcelo Orrego (@DrMarceloOrrego) February 27, 2026