El Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados un proyecto sin precedentes que fija metas claras, auditables y medibles para las multinacionales: 80% de mano de obra local y 60% de compras a pymes de la provincia. La norma crea un registro digital de proveedores, un certificado de crédito fiscal como premio al cumplimiento y severas multas para quienes no planifiquen su cadena de valor en San Juan.

La provincia de San Juan se puso formalmente a la vanguardia de la legislación minera de la región al diseñar una herramienta institucional que busca resolver una demanda social histórica de las comunidades andinas. El gobernador Marcelo Orrego firmó y remitió este martes 9 de junio de 2026 a la Cámara de Diputados el proyecto definitivo de la «Ley para el Desarrollo Local Minero». La iniciativa ingresa al parlamento con un piso de consenso político transversal garantizado y apunta a estructurar el marco de derrame económico de los más de USD 31.200 millones en inversiones que la provincia captará a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para sus cinco mega-proyectos de cobre de clase mundial.

Desde el corazón del Centro Cívico aclararon que el nombre de la normativa no es un detalle menor ni un eslogan: no se trata de una clásica y estéril ley de «compre local», sino de una ley de desarrollo integral que cruza variables de empleo, infraestructura municipal y fortalecimiento corporativo. El texto legal estipula que las corporaciones mineras internacionales y sus contratistas principales deberán presentar con carácter obligatorio Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores con objetivos progresivos y auditables cada dos años. No se imponen cupos rígidos que atenten contra la libre competencia de mercado; se obliga a las corporaciones a medir, planificar y rendir cuentas de cara a la sociedad.

«La experiencia internacional demuestra que el impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad. Con reglas claras, garantizamos que la riqueza mineral se multiplique y llegue a cada hogar», fundamentó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Los tres ejes de la transformación y la ventana para las pymes

El proyecto fue articulado en conjunto por los ministerios de Minería y de la Producción, Trabajo e Innovación. Su titular, Gustavo Fernández, fue enfático al describir que la norma rompe el viejo paradigma asistencialista: «A nosotros nos importa promover el empleo genuino en general; que las propias compañías y sus grandes contratistas internacionales incorporen de manera prioritaria a personas que residan efectivamente en San Juan».

El andamiaje técnico de la ley se sostiene firmemente sobre tres ejes estratégicos y medibles:

• Eje de Empleo Local: El establecimiento del objetivo de que el 80% de los trabajadores de cada operación minera (en etapa de construcción y explotación) sean residentes reales de San Juan, otorgando prioridad por cercanía geográfica a los habitantes de los departamentos de influencia directa como Iglesia, Jáchal y Calingasta.

• Eje de Compra Local: La meta del 60% del monto anual total de las contrataciones de bienes, obras y servicios orientado de manera exclusiva a empresas de origen sanjuanino, siempre que existan condiciones competitivas de mercado.

• Eje de Vinculación Municipal: La obligación de encastrar las acciones de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) de las mineras con los planes estratégicos de los intendentes, logrando que los fondos para escuelas, centros de salud y conectividad no queden como esfuerzos aislados.

Para inyectar previsibilidad, las operadoras estarán obligadas a publicar de forma digital sus cronogramas estimados de compras y demandas a mediano plazo. De este modo, un taller metalmecánico de Jáchal, una empresa de transporte en Iglesia o una firma logística en Calingasta sabrán con meses de antelación qué requerirá el yacimiento para poder capacitarse, adquirir maquinaria y competir de igual a igual.

Incentivos fiscales, el registro RE.PRO.MIN y duras sanciones

La ley de Orrego innova al aplicar el concepto del «Estado árbitro» mediante una política de premios y castigos. Para canalizar la oferta, se creará el RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan), una plataforma pública y digital donde las empresas postulantes deberán acreditar arraigo real en la provincia: domicilio operativo comprobable, tributación fiscal en la Dirección General de Rentas local y un plantel integrado por un 80% de personal sanjuanino. Solo las firmas inscriptas sumarán puntos para las metas de las mineras.

Aquellas multinacionales que alcancen simultáneamente el 80% de empleo y el 60% de compras locales serán beneficiadas con un Certificado de Crédito Fiscal transferible. Este bono de premio podrá ser cedido por la minera a sus pymes proveedoras para que estas cancelen impuestos provinciales, generando un círculo virtuoso de financiamiento indirecto.

En la vereda opuesta, el Ministerio de Minería —asistido por una Unidad Técnica Interministerial y un Consejo Consultivo público-privado— auditará con lupa la trazabilidad del valor agregado local. El incumplimiento injustificado de los planes o el falseamiento de datos acarreará severas sanciones económicas que llegarán hasta las 60.000 Unidades Tributarias. La norma, que abroga la vieja e inaplicable Ley 1208-M, otorgará una ventana de entre 60 y 90 días corridos a las empresas para presentar sus planes iniciales una vez aprobada, abriendo una nueva era socioeconómica para el futuro industrial de San Juan.