La situación judicial de los responsables de Branka Motors dio un giro drástico este viernes, luego de que la jueza Carolina Parra aceptara el pedido del fiscal Guillermo Heredia y revocara el acuerdo de reparación integral que había sido homologado semanas atrás para beneficiar a cientos de damnificados por presuntas estafas.

El planteo del Ministerio Público Fiscal se produjo tras confirmarse que los imputados incumplieron el primero de los cinco pagos establecidos en el convenio judicial firmado el 25 de abril, donde se habían comprometido a restituir el dinero a 352 víctimas.

Frente a esta situación, la magistrada ordenó cinco meses de prisión preventiva, que deberán cumplirse en el Servicio Penitenciario Provincial, al considerar que existió una clara falta de voluntad de cumplir con las obligaciones asumidas.

Durante la audiencia, el fiscal Heredia fue contundente al señalar que los imputados demostraron una “conducta reticente” y una “falta de voluntad real” para avanzar con el resarcimiento.
“Resultaría absurdo pensar que se comprometen en cuatro reparaciones integrales y recién van a pedir un crédito para poder pagar”, cuestionó.

El fiscal también afirmó que los acusados “generaron expectativas en las mismas 352 personas que presuntamente estafaron” y sostuvo que la Fiscalía presume que “el dinero desviado a las víctimas está en poder de los imputados o de un tercero”.

Además, Heredia remarcó que se vulneró la buena fe procesal, citando jurisprudencia que respalda la revocación de acuerdos reparatorios ante incumplimientos tempranos.

Uno de los damnificados, identificado como Sergio, expresó su descontento durante la audiencia:
“Estamos acá para que nos devuelvan la plata. No nos interesa que vayan presos, queremos la plata. ¿Dónde está la plata?”, reclamó ante la jueza, luego de recordar que la primera cuota nunca fue acreditada.

El acuerdo homologado contemplaba una reparación millonaria destinada a más de 350 afectados. Sin embargo, ante el incumplimiento inicial, la Fiscalía avanzó con la solicitud para dejar sin efecto el beneficio judicial y endurecer la respuesta penal.

La causa continuará ahora con la investigación formal por las presuntas estafas cometidas por la firma.

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