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En San Juan, un fallo judicial volvió a poner en agenda la responsabilidad médica y los reclamos por justicia de una familia que lleva más de cuatro años de dolor. Este viernes, el otorrinolaringólogo Maximiliano Babsía fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión condicional y 6 años de inhabilitación profesional por la muerte de Julieta Viñales, una joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 tras una operación de amígdalas.
La intervención quirúrgica se realizó el 10 de febrero de ese año y, tras complicaciones con hemorragias postquirúrgicas, la joven sufrió un paro cardiorrespiratorio que resultó irreversible, pese a la atención de otros especialistas en el Hospital Guillermo Rawson.
El caso fue denunciado por la familia de Julieta, que acusó al médico de mala praxis. Tras un extenso proceso judicial, Babsía fue procesado y finalmente condenado por homicidio culposo por negligencia.
La fiscalía había pedido 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación profesional, argumentando un accionar negligente que derivó en la tragedia. Sin embargo, el Tribunal optó por una condena menor, que igualmente impide al médico ejercer su profesión por los próximos seis años.
La sentencia generó reacciones encontradas: mientras la familia de Julieta consideró que se hizo justicia, aunque la pena no fuera la solicitada, desde la defensa del médico insistieron en que no hubo intención dolosa y que apelarán el fallo.
El caso se suma a los debates sobre el control en las prácticas médicas, la necesidad de protocolos más estrictos y el acompañamiento a familias que atraviesan procesos de este tipo, en donde el dolor personal se cruza con la exigencia de justicia.
