
La esperada audiencia de formalización en la causa por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum debió ser suspendida este miércoles tras constatarse la ausencia del senador nacional Sergio Uñac y del diputado nacional Cristian Andino. La inasistencia de ambos legisladores impidió avanzar con el proceso judicial que debía llevar adelante la jueza de Garantías, Mónica Lucero.
Tras frustrarse el desarrollo de la instancia, el fiscal a cargo cuestionó duramente las ausencias, señalando que las mismas no se encontraban debidamente justificadas. En ese sentido, advirtió que evaluará solicitar el desafuero de ambos dirigentes en caso de repetirse la inasistencia en una próxima convocatoria. «El pedido de desafuero es para que la Cámara de Diputados y Senadores, en este caso, saquen los fueros, las inmunidades que tienen para poder hacerlo comparecer con la fuerza pública, como a cualquier otro ciudadano», explicó ante los medios.

Sin imputaciones y a la espera de una nueva fecha
Durante el transcurso de la jornada se analizó la posibilidad de dividir la audiencia para avanzar de manera fraccionada con los 11 involucrados; sin embargo, la alternativa fue rechazada tanto por las defensas como por el Ministerio Público Fiscal. Asimismo, aunque la Fiscalía no presentaba objeciones para que algunos sospechosos participaran mediante videoconferencia, la magistrada se opuso a dicha modalidad, ratificando la exigencia de contar con la presencia física de los 11 notificados en la sala.

Debido a estas circunstancias, ninguna imputación formal pudo ser leída durante la jornada. Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que, al no haberse llevado a cabo la audiencia, no existen cargos formalizados ni detalles procesales adelantados sobre los investigados, que además de Uñac y Andino incluyen a Guillermo Sirerol, Sergio Ruiz, Juan Carlos Caparros, Julio César Ortiz Andino, Gustavo Mastelono, Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso.
Ahora, la Oficina Judicial deberá reprogramar la fecha de la convocatoria y notificar a las partes con la debida anticipación. La Fiscalía ratificó su intención de concretar la formalización de todos los involucrados en una única audiencia, manteniendo latente la reserva de solicitar las medidas de desafuero correspondientes si los legisladores vuelven a ausentarse.
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