En un fallo con fuerte impacto institucional y social, la Justicia de San Juan hizo lugar a la medida cautelar presentada por la Fiscalía de Estado y ordenó el cese inmediato de las medidas de fuerza llevadas a cabo por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP). La resolución, firmada por el juez Héctor Rollán, exige la reanudación normal, regular y continua del servicio de transporte público de pasajeros en todo el territorio provincial.

El pronunciamiento judicial determina que tanto las entidades demandadas como las empresas concesionarias están obligadas a garantizar la prestación del servicio a partir del momento en que reciban la notificación formal. En tal sentido, se exigió a la UTA, a la cámara empresarial ATAP y a las firmas que la integran a poner a disposición de forma urgente todas las unidades e infraestructura operativamente necesarias para que los colectivos vuelvan a circular.

Rigurosas sanciones económicas y denuncias penales

Uno de los aspectos más severos del fallo radica en el esquema de penalizaciones diseñado para evitar el desacato de la orden. La Justicia fijó severas sanciones económicas para las organizaciones sindicales, sus cuerpos directivos y dirigentes. Asimismo, estableció que aquellos choferes que, habiendo sido notificados, persistan en la medida de fuerza, deberán afrontar una multa diaria de $1.000.000.

Por otra parte, la resolución advierte de forma explícita que, en caso de verificarse un eventual incumplimiento a la medida cautelar, las actuaciones se girarán de inmediato a la Fiscalía General para investigar la posible comisión de delitos tipificados en los artículos 239 (desobediencia a la autoridad) y 106 del Código Penal.

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