En medio de las negociaciones para resolver el conflicto del transporte público en la provincia, Ricardo Salvá, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), trazó un severo panorama sobre la realidad económica de las empresas concesionarias y exigió al Gobierno la apertura urgente de una mesa de diálogo técnica.

«Hace mucho tiempo que venimos pidiendo una mesa técnica, venimos pidiendo diálogo y la verdad que no hemos tenido éxito. La situación se volvió insostenible», aseguró Salvá, remarcando que desde el 17 de junio vienen presentando reiteradas notas por escrito que fueron reeditadas en septiembre para intentar evitar el actual colapso del servicio.

Subsidios tardíos y un sistema en déficit

El referente de ATAP aprovechó para precisar la mecánica de financiamiento del sector y desmitificar la noción sobre los aportes estatales: «Las empresas no están subsidiadas, el subsidio está dirigido al usuario a través de las compensaciones tarifarias. El Estado contrata a las empresas para prestar un servicio y le paga por eso; lo que no paga el usuario, lo paga el Estado». Según los registros de la cámara, de cada diez usuarios que suben a una unidad, únicamente uno abona la tarifa plana completa de $1.300, mientras que el resto corresponde a escolares, personas con discapacidad o boletos con descuentos compensados posteriormente por la provincia.

Salvá remarcó que las demoras en el desembolso de estas compensaciones estatales rozan los 60 a 70 días posteriores a la prestación del viaje, descalce financiero que genera un desfasaje acumulado que estimó en $5.016 millones para las compañías.

Sin margen para los aumentos salariales ni de combustible

Para sostener la flota en la calle, las empresas han debido recurrir al endeudamiento. Actualmente, las concesionarias destinan aproximadamente $200 millones mensuales únicamente a cubrir intereses de descubiertos bancarios y planes de pago ante ARCA.

Finalmente, el empresario enfatizó que el sector requiere una inyección inmediata de $400 millones para amortiguar los últimos incrementos en insumos básicos como el combustible, por lo que cerró con una advertencia contundente: «No estamos en condiciones de afrontar este aumento salarial y no estamos en condiciones de seguir pagando el aumento del combustible».

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